Actuará gobierno del estado con legalidad y no habrá impunidad por los hechos ocurridos en Cuautla, señala el secretario de Gobierno.
En relación con la supuesta orden de liberación instruida por mandos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES), de presuntos secuestradores asegurados en el municipio de Cuautla, la investigación preliminar arroja que no se trató de un caso de secuestro o privación de la libertad, sino de un conflicto entre particulares que derivó en hechos violentos y deficientes procedimientos policiales que ya han sido denunciados.
Lo anterior lo informaron en rueda de prensa Pablo Ojeda, secretario de Gobierno; el Almirante José Antonio Ortiz Guarneros, comisionado estatal de Seguridad Pública; así como Uriel Carmona Gándara, fiscal general del Estado; Hugo Eric Flores Cervantes, delegado federal para los Programas de Bienestar Social en Morelos; y Alejandro Chávez Carmona, fiscal de la región oriente.
Después de relatar los hechos donde se arrojan diversas inconsistencias, Pablo Ojeda indicó que no habrá impunidad en este ni en ningún caso. “Nada ni nadie por encima de la ley y asumimos la responsabilidad de garantizarlo”, acotó.
Por su parte, el Almirante José Antonio Ortiz Guarneros explicó que luego de los hechos, la CES dio vista al área de Asuntos Internos, a fin de llevar a cabo las investigaciones y el análisis de la información que permita determinar el nivel de responsabilidad de quienes realizaron una intervención fuera de la ley y que deriva en el detrimento de la credibilidad y confianza en las autoridades encargadas de brindar seguridad de la ciudadanía.
Ante la posible comisión del delito de privación de la libertad, allanamiento y daños, el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, solicitó al fiscal general, Uriel Carmona Gándara, su intervención a fin de encabezar las investigaciones que correspondan para llegar a la verdad histórica de los hechos y establecer de manera puntual las responsabilidades tanto de los elementos como de quienes participaron en la riña, y con ello, se aplique la justicia de conformidad con lo que a derecho corresponda.
Asimismo, se dio a conocer que a fin de generar las condiciones para realizar las investigaciones correspondientes, Gamaliel González Ravelo fue separado como comandante del Mando Coordinado en el municipio de Cuautla, al tiempo de emitir un oficio en donde se solicita al alcalde proceda de igual forma con su director operativo de seguridad.
Pablo Ojeda subrayó que el gobierno del estado, bajo ningún argumento, tolerará abusos por parte de corporaciones policiales que tienen la misión de generar condiciones de estabilidad social al garantizar una mejor seguridad pública en toda la entidad, y con ello, el desarrollo de las comunidades.
Además, precisó que no se aceptarán conductas que contrarias a los preceptos de legalidad con las que deben regirse las corporaciones morelenses, y que lejos de hacer prevalecer el estado de derecho, violenten las garantías individuales de la ciudadanía.
“Reprochamos estas acciones y el intento de cubrir actuaciones ilegales que afectan a la sociedad en su conjunto y que entorpecen la procuración y la impartición de justicia”, destacó el encargado de la política interna.
Apuntó que el gobierno de Morelos habrá de dar puntual seguimiento a este caso con estricto apego a la legalidad y pugnará ante las autoridades para que se emitan las sanciones que correspondan, sin distinción de personas y con la firme decisión de impartir justicia de manera clara y transparente, así como ejercer todo el peso de la ley en contra de quien vulnere la paz y la tranquilidad de los morelenses.
