En el marco del Día del Minero, este sábado se llevó a cabo el seminario digital “La Reactivación de la Minería ante la Nueva Normalidad”, organizado por la Subsecretaría de Minería de México, que es encabezada por Francisco Quiroga Fernández, en el cual se destacó la importancia del sector en la economía de México, al generar el 4.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

En el seminario se abordaron los temas de Seguridad Minera; La Minería y su compromiso con el medio ambiente; Fraternidad de la Minería ante la Contingencia Sanitaria; Más allá de la relación con las Comunidades; Los retos de la industria, visión de las empresas, y también se escuchó la voz de los mineros.

En la mesa de seguridad minera participaron como invitados de honor los gobernadores Héctor Astudillo Flores, gobernador de Guerrero; y Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, quienes reconocieron la importancia del sector minero en la economía de sus entidades, pero también externaron su interés para que la minería siga siendo una industria segura y sustentable.

Ya en el desarrollo participaron Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; Manuel Espino Barrientos, titular del Servicio de Protección Federal; Francisco Acuña Méndez, secretario general del Centro Nacional de Inteligencia; Benjamín Grajeda Regalado, ex titular de la División de Gendarmería; Manelich Castilla Craviotto, ex comisionado de la Policía Federal; y Jorge Tello Peón, presidente y director general de Madison Inteligencia México, en el cual los ponentes consideraron necesario brindar seguridad para dar certeza a los inversionistas.

En la mesa La minería y su compromiso con el ambiente participaron Katya Puga Cornejo, consultora e investigadora; Luis Vera Morales; Carlos Toledo Manzur, director de Alianza Estratégica para el Desarrollo Sustentable de la Región Pacífico Sur; Eugenio Barrios Ordoñez, subdirector general de Administración del Agua, y Enrique Pablo Dorantes, presidente del Consejo Técnico Asesor de la Academia de Impacto Ambiental.

Puga Cornejo y Luis Vera coincidieron en llamar  a que la industria minera asuma el compromiso para contribuir a los esfuerzos para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, además destacó que en México hay empresas que han iniciado acciones para mitigar los daños por emisión de gases de carbono en los procesos de extracción.

Propusieron que el sector minero impulse la agenda de transición energética aumentando la participación de las energías renovables, y al mismo tiempo se cuente con los compromisos de conservación del medio ambiente.

Por otra parte, Enrique Pablo Dorantes destacó el impulso que la minería da a la economía, pues tan solo del 2014 al 2018, la industria aportó 18.2 mil millones de pesos al Fondo Minero, beneficiando con obras sociales a al menos 212 municipios de 25 estados mineros; además, 11 empresas participan en el programa de industria limpia de Profepa; cinco empresas se distinguieron en excelencia ambiental y tres grupos mineros forman parte del índice verde de la Bolsa Mexicana de Valores, además de lograr en el 2019 la producción de más de seis millones de árboles.

En la tercera mesa, relacionada con la Fraternidad de la Minería ante la Emergencia Sanitaria, en la que participaron Carlos Bárcena Pous, secretario de Economía de Zacatecas; Carlos de la Peña Pintos, secretario de Salud del estado de Guerrero; Sergio González Romero, secretario de Salud de Durango, entre otros representantes de estados como Oaxaca y Colima, se habló de que pese a la contingencia sanitaria generada por la pandemia por covid-19, el número de incapacidades otorgadas a trabajadores del sector fueron mínimas. Los ponentes reconocieron el cumplimiento de protocolos sanitarios por parte de las empresas mineras y propusieron que parte del recurso del fondo minero sea utilizado para apoyar a los hospitales que atienden contagios por covid.

En la mesa denominada Más allá de la relación con las comunidades participaron José Rojas Aispuro, gobernador de Durango; Gustavo Alanís Ortega, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental; Carlos Toledo Manzur, director de Alianza Estratégica para el Desarrollo Sustentable de la Región Pacífico Sur; Gabriel Baeza Espejel, director del CIIJA, y Karina Rodríguez Matus, de la Academia de la ELD, y socia de Rodríguez Matus y Feregrino Abogados.

En ese panel destacó la petición para que haya políticas públicas facilitadoras a la industria minera y que el impulso del desarrollo económico vaya de la mano con la participación social, con respeto a los derechos humanos, principalmente de las comunidades indígenas que se encuentran cercanas a los centros de extracción.

El subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta  Saucedo, llamó a anteponer el diálogo, considerando aspectos sociales, pero también las posibilidades de inversión que no sólo dejará derrama económica, sino que también permitirá fomentar el empleo.

En el panel “Los Retos de la Industria. Visión de las Empresas” participaron el vicepresidente del Grupo México, Fernando Alanís, director general de Peñoles y presidente de la Camimex; Gerardo Kuri, director general de minera Frisco; Octavio Alvídrez, director general de Fresnillo; Luis Felipe Medina, director general de Agnico Eagle México; Jody Kuzenko, presidente Ejecutiva de Torex Gold; Pedro Rivero, vicepresidente de Operaciones Minera Autlán y Keith Neumeyer, CEO de First Majestic.

Fernando Alaniz, director general de Grupo Peñoles, informó que la minería representa el 8.1 del PIB industrial y el 4.2 del PIB nacional, genera 579 mil empleos directos y más de dos millones de empleos indirectos, además de que paga 42 mil millones de pesos de impuestos.

Refirió que el sector minero es un gran aportador del impulso económico  para el país y trabaja de forma decidida en rehacer el tejido social de las comunidades que les dan hospedaje, fortaleciéndolas de forma positiva.

Señaló que existe corresponsabilidad con las comunidades y tiene una buena comunicación con las autoridades federales, estatales y municipales, la cual debe aprovecharse para impulsar el desarrollo económico que esa actividad puede traer al país.

“Nuestro objetivo es que México se sienta orgullosamente minero por tener una industria comprometida con el desarrollo económico y social”, dijo el empresario.

Por otra parte, quienes participaron en la mesa “La voz de nuestros mineros”, coincidieron en señalar que el sector enfrenta dos grandes retos: la reactivación tras la contingencia y mantener una actividad productiva sostenida y sustentable.

Señalaron que los trabajadores regresaron a las minas y se han establecido los protocolos que son una garantía de que los trabajadores tendrán salud y habrá menos contagios.

Pedro Haces Barba, senador y secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, manifestó que es necesario que empresarios, trabajadores y gobierno vayan juntos en esta nueva normalidad.

En el panel también participó la secretaria del Trabajo y Previsión Social, María Luisa Alcalde Luján, quien destacó el ambiente laboral que existe en la industria minera, dando seguridad y certeza a la base trabajadora y garantizando el compromiso de los empresarios, principalmente en estos tiempos de pandemia, y reconoció los grandes pendientes del Gobierno de México, como concluir el rescate de Pasta de Conchos, llamando a expertos internacionales a que desde el primero de mayo analizan la mina para avanzar en ese compromiso adquirido por el Gobierno de México.

También se refirió al gran retro que representa el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, principalmente en materia laboral, en el cual la industria minera no está ajena. “El TEMEC tiene un apartado laboral que tiene que ver con la protección, recuperación y el sí tener inversión, pero no a costa de los salarios”, dijo.

En conclusión, el subsecretario de Minería, Francisco Quiroga, organizador del Seminario, señaló: La minería, para seguir siendo un sector estratégico de la economía mexicana, tiene que reflexionar en varios ejes: el desafío de la sostenibilidad ambiental; el mejor reparto de la plusvalía generada para que fluya hacia las comunidades; la plena libertad y democracia sindical; la mejora continua de las condiciones de salud; la perfectibilidad de las condiciones generales de trabajo y la consolidación del trabajo digno, tanto de las empresas como de los empleados.