Buscan que sea aprobada hoy; obliga a empresas a entregar los nombres de sus empleados.

Es probable que el Congreso del estado apruebe este miércoles la ley de videovigilancia, que regularía la colocación, utilización y operación de los dispositivos de seguridad tanto en espacios públicos como privados, para la prevención y combate del delito.
El dictamen con proyecto de decreto señala que la Comisión Estatal de Seguridad (CES) estará encargada de crear un sistema de videovigilancia en el estado, así como un registro de los dispositivos de grabación que operarán en lugares públicos, en condominios y empresas.
De igual forma, obliga a las personas morales o físicas a colaborar con la CES en la operación de las videocámaras y en la información que se obtenga de dichas grabaciones, previo convenio firmado.
Las empresas que firmen este convenio de colaboración estarán obligadas a colocar cámaras, si aún no las tienen, y además deberán proporcionar la lista de sus trabajadores, para garantizar el resguardo de la información videograbada.
Para ello, el  Congreso del estado plantea establecer sanciones económicas y de prisión para los particulares que se nieguen a aportar información obtenida de las cámaras o, bien, que sin autorización, causa o justificación, la destruya.
Ante las implicaciones de la nueva legislación, el diputado Marcos Zapotitla Becerro, presidente de la Comisión de Seguridad y Protección Civil, aseguró que en la integración del dictamen fue analizado por varios meses, a fin de evitar  que se violaran los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Refirió que la nueva ley busca regular el uso de cámaras de videovigilancia, mediante la colaboración de las empresas, para garantizar que ayuden a prevenir y combatir el delito y que no se utilicen en perjuicio de la sociedad, sobre todo por aquellos dispositivos que, sin autorización de la autoridad, sean colocados en espacios públicos.
"En la Mesa para la Construcción de la Paz, donde intervienen toda las fuerzas federales y estatales, determinaron que el tema de la videovigilancia es una herramienta que pudiera permitir  el menguar en la disminución de los delitos, la persecución también porque servirían como pruebas para la imputación de los ilícitos".
"Si se trata de elementos de prueba se tendrían elementos de coacción, eso hay que reconocerlo, en su caso de que un particular no querría entregar los videos, el fiscal tendría medidas de apremio para requerir esa aportación como medio de prueba, porque se estaría ante una complicidad", explicó el legislador.
Zapotitla Becerro refirió que en la sesión ordinaria de este miércoles, que sería la última del segundo año de la LIV Legislatura,  presentarán el dictamen de la ley de videovigilancia para su aprobación, por lo que confió en que se reúnan los consensos necesarios entre las fuerzas políticas para que sea aprobada, a más de un año de que fue propuesta.