Alejandro Dorantes Rodríguez, presidente de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada, advirtió que promoverán amparos en contra de la ley de videovigilancia que aprobó el Congreso del estado la madrugada del jueves pasado.
El empresario sostuvo que con la nueva legislación existe el riesgo de que se trasgredan  los derechos fundamentales de los ciudadanos, al obligarlos a suscribir convenios con las autoridades para la instalación de cámaras y a proporcionar información que podría revelar datos personales con el fin de combatir un delito.
"Si las cámaras, si bien se tienen como una medida de seguridad, se proporciona la información y se trasgrede derechos, porque en las casas llegan a tener cinco, ocho, 16 cámaras, si llega a haber un ilícito en la calle se solicita la información y la autoridad se lleva la información de las 16 cámaras y no sólo la información de ese día, sino de meses o por un año", explicó.
Sostuvo que la legislación no fue consensada y desde el Poder Ejecutivo podría vetarse para evitar que sea publicada para su entrada en vigor en el periódico oficial "Tierra y Libertad" o, bien, dijo que en la reglamentación de la misma se podrían corregir ambigüedades que impida se viole la privacidad.
Dorantes Rodríguez manifestó que si no encuentran apertura desde el Poder Ejecutivo para revisar la nueva ley de videovigilancia, como empresarios promoverán juicios de amparo para que no se aplique.
"Esta ley no fue consensada, no fue consultada y que en su momento va a ser objetos de amparo, de litigios porque está trasgrediendo estos derechos", añadió.
Con la nueva legislación, el estado a través de la Comisión Estatal de Seguridad (CES)  regulará la instalación, utilización y operación de cámaras de grabación, para lo cual se creará un sistema estatal de videovigilancia y un registro de los dispositivos conectados con el centro de comando C5.