Exigen organizaciones no dejar en la impunidad casos de desapariciones.

Luego de catorce semanas de protestas, el colectivo "Regresando a Casa Morelos" lanzó este lunes un llamado a las autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob), a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, así como al gobernador y a la Fiscalía General del Estado (FGE), a que escuchen su demanda de que se realice la identificación -mediante perfil genético- de los cuerpos exhumados de las fosas de Jojutla y de Tetelcingo.  

En conferencia de prensa, familiares de desaparecidos señalaron que han pasado mil 344 días de que se detuvieron los trabajados de exhumación en Jojutla y no hay resultados, pues de 85 cuerpos sólo se ha validado el perfil genético del primero. 

Indicaron que en el país hay más 38 mil 600 personas en los servicios médicos forenses y más de 27 mil que fueron encontradas en fosas, las cuales no ha sido identificadas, de ahí que la creación de un centro especializado en materia de identificación genética podría resolver la mitad de los casos, e igual número de familias dejaría de sufrir esta tortura. 

Graciela Rodríguez, directora ejecutiva de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, estuvo este lunes en Cuernavaca, acompañando a las familias que conforman la organización Regresando a Casa. Aseveró que las fosas comunes “son una tragedia para el país”, pues son muestra de la violencia institucional.  

La impunidad, la falta de investigación por parte de las fiscalías y la falta de diligencia de las autoridades son causas de que haya un suelo fértil en México, para “estos entierros clandestinos”.  

“Consideramos que es necesario un mecanismo internacional forense que permita identificar todos esos cuerpos y que se acabe la impunidad. Requerimos de la comisión de la verdad, porque claramente, las fiscalías y las autoridades no tienen capacidad de seguir avanzando con la identificación de los cuerpos y no sabemos si a su falta de capacidad se suma el encubrimiento y participación de las propias autoridades”, aseveró la representante de dicha organización nacional.  

Recordó que el gobierno del actual presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a atender a las víctimas de desaparición, lo que no se ha cumplido porque en el territorio mexicano se siguen dando este tipo de entierros y hay casos que siguen en la negligencia y omisión, como el de la fosa de Jojutla.

De manera pública el colectivo llamó a la administración federal a pedir la intervención de la comisión internacional de atención a desapariciones forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, ante esta grave crisis de derechos humanos.