Que bueno que la interpretación de abogados especializados haya sido divulgada porque con ello, consideramos, quienes arriben a esos puestos tendrán el reconocimiento y por lo menos su llegada será ante los ojos de todos los interesados; que mal que entre mexicanos, nuestra relación entre unos y otros siga siendo sometida más por la cultura de la desconfianza que por el ejercicio de la democracia.
Miguel Ángel Falcón Vega dejó en claro que todas las personas que pasaron una primera etapa que les faculta para la presentación del examen de oposición, por cierto elaborado, aplicado y calificado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, apenas y están ante el primer obstáculo. Una vez aprobados, quienes lo logren, serán sometidos al examen de Control de Confianza, en el cual, como es sabido, se evalúan mediciones psicométricas, psicológicas, toxicológicas e incluso, mediante el polígrafo, la credibilidad de un individuo; al frente del mismo está el Instituto de Formación, Evaluación y Profesionalización dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Morelos.
El caso más sonado es el de Nancy Aguilar Tovar, hasta hace un par de días, secretaria particular del propio magistrado presidente; ante la decisión de la concursante, por ser la última en inscribirse y al ser aceptada por cumplir los requisitos, han sido señalados posibles privilegios por contar ella, se argumenta, con información privilegiada.
Nos preguntamos, ¿el secretario particular de algún rector, el de la UNAM, por dar un ejemplo, estaría imposibilitado de aplicar un examen profesional en la máxima casa de estudios de nuestro país?
¿El secretario particular de algún alto servidor público queda nulificado por ese sólo hecho, de aplicar examen para alcanzar mejores niveles y servir mejor?
Tal aseveración no es un planteamiento que suponga duda o desconfianza del concursante o beneficios del jefe, sino que es una falta de respeto a las instituciones que se han comprometido en la elaboración de los exámenes, en su aplicación y por supuesto calificación. Desconfiar y golpear al Instituto Nacional de Ciencias Penales no tiene nombre.
¿No son los proyectistas, aquellos que entregan largos años de vida al lado de un notario público, los que logran mediante examen de oposición, por el conocimiento adquirido, por la experiencia, por los regaños y orientación, una patente?
No sería mejor, por ejemplo, que aquellos que fungen como asesores de los diputados en los diferentes congresos, lograran participar como aspirantes a una curul, conocedores del procedimiento legislativo, de su trascendencia e impacto social. En muchos casos, en verdad, así lo preferiríamos y que no fuera la política mal entendida o los intereses partidistas o de grupo los que permitan que una curul sea ocupada por verdaderos desconocedores de lo que pueden y deben hacer: la ley.
En fin, el proceso ante los señalamientos, sin duda, se verá privilegiado porque será seguido con lupa. Bienvenida esa transparencia. Sin embargo, que tristeza que entre nosotros, los mexicanos, sea más fuerte la desconfianza que la democracia.
