Hoy en día es prácticamente imposible concebir la mayoría de las actividades que realizamos en el día a día sin la ayuda tecnológica de los incontables dispositivos o softwares de los que dependemos: nuestras transacciones bancarias, plataformas de transporte, plataformas de compra venta, la forma en la que nos comunicamos con nuestros seres queridos o hasta la forma en la que trabajamos a distancia son ejemplos de ello.

Para que lo anterior se vuelva realidad de forma eficaz, es necesario que los encargados de elaborar las políticas públicas de nuestro país prioricen aportar acciones de fortalecimiento al sector tecnológico. Que entre nuestros servidores públicos se encuentren científicos y académicos capaces de introducir iniciativas como la inteligencia artificial en la agenda nacional.

La mayor ventaja de implementarla en el sector público radica en la automatización de tareas rutinarias, sin embargo, para nuestro país la moneda está en el aire y nos podemos formular ciertos cuestionamientos tales como: ¿Tendremos la capacidad de cerrar filas y apostarle a la innovación? ¿Ocurrirá, por fin, una alfabetización científica de nuestros servidores públicos? ¿Sabremos aprovechar el momento histórico en el que vivimos, así como nuestro creciente capital intelectual? O bien, ¿dejaremos que este sea otro ejemplo de “lo que pudo haber sido”?

Considero que son tiempos de apostar por comenzar a migrar a una democracia tecnológica: donde las decisiones las guíen los hechos y el razonamiento bien fundamentado; no las ocurrencias y el sentir.