En los últimos 28 años, la Suprema Corte ha fallado siempre en contra del pueblo cuando el Poder Ejecutivo planteó ante ella la constitucionalidad de sus actos. Así tenemos que se aprobó que la banca en principio cobrara a los deudores intereses sobre intereses, con lo cual millones de ciudadanos perdieron su patrimonio con el “error de diciembre”; después vino el ROBAPROA, que para contar con recursos destinados al pago de intereses anuales de los Pagarés Fobaproa a quienes se les ayudó para rescatar a la banca, misma que después vendieron en dos y hasta tres veces a la banca extranjera y sin pago de impuestos, los gobiernos de turno incrementaron los precios de los bienes y servicios que vende a la población siguiendo las recetas neoliberales del FMI y el Banco Mundial, tales como gasolinas, gas, electricidad, casetas de peaje y demás, incrementos que en la mayoría de los casos se dieron mes con mes. Lo inconcebible es la gran cantidad de dinero que hemos destinado al pago de intereses de los Pagarés Fobaproa, y aún no hemos abonado un peso al capital (monto de la deuda original) que sobrepasa a la fecha el billón de pesos. Esto se lo debemos a la SCJN.

Otra de sus acciones recordadas en contra de la población fue el pago del Impuesto Federal Sobre Tenencia y Uso de Automóviles, a todas luces inconstitucional el mentado impuesto, para que se calculara a partir de 2006 sobre el valor de la factura incluyendo los impuestos de automóviles nuevos y valor agregado (ISAN e IVA). Desde que ejercía mi profesión en un despacho, sabíamos que era inconstitucional cobrar un impuesto sobre otro impuesto, además de que somos el único país en el mundo en el que se paga tributo por tener un vehículo.

En el periodo de este sexenio, la SCJN aprobó eliminar la prisión preventiva oficiosa para los delitos de contrabando, defraudación fiscal y compra venta de facturas, que tanto han sangrado al erario durante todo el periodo neoliberal y limitando el acceso a la población para contar con más programas sociales en su beneficio. En todos los casos las decisiones de la corte han estado alejadas del bienestar general. Es momento de revisar nuevamente forma y proceso de selección para acabar con el mal endémico en la materia y que las personas designadas cuenten con mayor independencia y respondan al interés general con un auténtico sentido de justicia en beneficio de la ciudadanía. Urge reforma de fondo en el Poder Judicial.

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