De acuerdo con el colegio Nacional del Notariado Mexicano, “El notario es un profesional del Derecho, investido de fe pública por el Estado, que brinda seguridad jurídica y certeza en los actos y hechos de los que da fe, manteniendo siempre un alto nivel de profesionalismo, total imparcialidad con los prestatarios del servicio y plena autonomía en sus decisiones, las cuales sólo tienen por límite el marco jurídico y el Estado de Derecho”. Cada estado de la república tiene su propia ley del notariado en la que se regula su actividad así como los requisitos para ser notario, responsabilidades, derechos, obligaciones y sanciones. En la época prehispánica su actividad se remonta al Tlacuillo y durante el Virreinato empieza a ser regulada y se considera a Hernán Cortés como el primer fedatario de la Nueva España.
Así como mencioné en mi columna sobre la Suprema Corte, Escollo para la Democracia, que estaba muy lejana de impartir justicia en favor de los mexicanos, el notario mexicano es un coadyuvante en la administración de justicia en México, ya que proporciona seguridad jurídica para prevenir posibles litigios y conflictos, colaborando con autoridades administrativas y fiscales en el ámbito de sus atribuciones, por lo que proporciona seguridad jurídica y previene posibles litigios y conflictos al mediar entre las partes.
Lamentablemente como en todas las profesiones, el notariado también cuenta con personajes que por falta de ética se despojan de esa alta investidura que debe rodearlos y se prestan a actos de corrupción al dar fe pública a acciones que llevan a despojar a familias de su patrimonio forjado en toda su vida en colusión con gobernantes y funcionarios de turno. El que esto escribe padeció de un acto perpetrado por un gobierno que burlándose de una fe notarial y de su propio Registro de La Propiedad y del Comercio pretendió despojarme de parte de mi patrimonio. Me llevó más de diez años, una buena suma de dinero y enterrar un negocio que era próspero por defenderlo. Otro más tuvo un hecho en mi divorcio, el cual había solicitado a mi cónyuge por la vía voluntaria y que por asesoramiento esta lo llevó por la vía necesaria para quedarse con todas las propiedades. Como tengo todo debidamente resguardado gané todas las instancias, incluso la difamación, y me fueron devueltos bienes por ingratitud quedando libre y absuelto de todas las falsas acusaciones. Esto no habría ocurrido si el notario no se hubiera coludido con gobernantes, funcionarios y abogados de su círculo familiar. Al ver la nota de este día en La Unión de Morelos en su portada y pagina 14, me animé a contar mi propia historia, ya que se trata del mismo personaje que responde a las iniciales de HSC, titular de la Notaria 2. No omito mencionar que de esto tuvo conocimiento el actual Presidente Municipal, José Luis Urióstegui Salgado cuando se desempeñaba como Consejero Jurídico del Gobierno Interino de Jorge Arturo García Rubí, y después cuando en el Gobierno De Graco Ramírez le fue solicitada una opinión como abogado, calificó que Carlos Ruiz Venegas había sido agraviado por el Gobierno del Estado. Aun espero encontrar un abogado que tenga los tamaños suficientes para cobrar este agravio. El mal karma cosecha lo que se siembra para los que mal actúan.
