La obligación de sistematizar la rendición de cuentas gubernamental, con vigilancia permanente de organizaciones ciudadanas, nace con la Alianza para el Gobierno Abierto que México firma en 2011, junto con otros siete países, entre ellos Estados Unidos, para promover la trasparencia, aumentar la participación ciudadana, combatir la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para robustecer la gobernanza.
Desde 2014, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI en aquel entonces), obtuvo su autonomía constitucional, buscando fortalecerlo ante los tres poderes de la unión y dependencias de gobierno. En los estados del país se reprodujeron estas instituciones (en Morelos el IMIPE), buscando hacer de la rendición de cuentas un quehacer cotidiano del gobierno en todos los niveles.
En Morelos, fue en 2015 cuando se instaló el Secretariado Técnico Local en Morelos y en 2016 se aprobó la ley respectiva, en la que se creó el Sistema Estatal Anticorrupción. El secretariado elaboró y dio seguimiento a un Plan de Acción de cinco compromisos para el despliegue de un ejercicio de Gobierno Abierto. Desde sus inicios, la transparencia se ha enfrentado con la abierta oposición de algunos gobernantes y la desconfianza de los ciudadanos.
El principal objetivo de esta actividad es prevenir la corrupción. En ese sentido, la función esencial del IMIPE en Morelos, es garantizar que existan mecanismos de prevención y denuncia sobre actos deshonestos, reforzado con el surgimiento de comités de ética institucionales, creando una cultura de transparencia, trato digno y no discriminación.
Es cierto que hasta el momento esto no sirvió de mucho, porque los casos de corrupción han seguido y no siempre terminan con la aplicación de sanciones y la recuperación de lo robado. En Morelos, la nueva contralora, Alejandra Pani, ha encontrado múltiples expedientes e irregularidades que habrán de atenderse, buscando resarcir el daño patrimonial en caso de existir, y, sobre todo, prevenir estas acciones en lo futuro.
Ante la inminente pérdida de autonomía constitucional del INAI y el IMIPE, la pregunta es si el hecho de subordinarlos a una dependencia de gobierno ayudará al objetivo. La corrupción, como ya quedó demostrado, no se combate con la buena voluntad del gobernante, sino con un sistema estricto, legal e institucional, que prevenga y castigue la deshonestidad.
