El pasado 2 de Junio, a través del método de conteo rápido y con un nivel de confianza del 95%, se obtuvieron resultados; Guadalupe Taddei, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que Claudia Sheinbaum Pardo se celebraba como ganadora de la elección presidencial con un margen ubicado entre el 58.3 y 60.7% de los votos. A pesar de que la candidata opositora presentara impugnaciones, más tarde El Tribunal Electoral declararía oficialmente a Claudia Sheinbaum como presidenta electa de México.
El triunfo de Claudia Sheinbaum no solo es histórico porque se convirtió en la primera mujer presidenta en México, sino que también obtuvo su victoria tras una votación arrasadora, tuvo un respaldo absoluto.
Con el reciente triunfo de la Presidenta y la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, la controversial Reforma al Poder Judicial logró ser aprobada en el Senado. Aunque el oficialismo no contaba con mayoría calificada en esta cámara, obtuvo 86 votos a favor, incluyendo, de manera sorprendente, el apoyo de Miguel Ángel Yunes Márquez, senador del PAN, partido opositor. Este respaldo inesperado permitió alcanzar los votos necesarios para su aprobación.
La reciente aprobación de la reforma pone en el centro del debate el tema del supuesto “desacato constitucional”, generando preocupaciones sobre el futuro político y personal de la presidenta. Este escenario podría abrir la puerta a tácticas mediáticas disfrazadas de procesos judiciales y acusaciones legales que, aunque aparenten ser legítimos, estarían impulsados más por intereses políticos que por un genuino afán de justicia. Además, este contexto suele estar marcado por un sesgo de género, donde los ataques no solo cuestionan su gestión, sino también se dirigen a aspectos de su vida personal y familiar, buscando debilitar su legitimidad y liderazgo.
Lawfare se le llama a esta táctica mediática, que básicamente es un término que combina las palabras law (ley) y warfare (guerra) y se refiere al uso estratégico del sistema legal como arma política. Se utiliza para debilitar o eliminar adversarios políticos. Estas guerras evitan el uso de la fuerza militar y se enfocan en tácticas mediáticas y legales para desestabilizar gobiernos, especialmente aquellos que buscan transformar las estructuras económicas y políticas tradicionales.
En el ámbito de la política tradicional, el Poder Judicial se erige como un ejemplo claro de excesos, privilegios y conflictos de intereses. Aunque las opiniones varían, los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en la difusión de narrativas destinadas a desacreditar, frecuentemente apoyadas en noticias falsas y denuncias. Paralelamente, instituciones internacionales se suman a este escenario, como ocurrió hace unos meses con el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien asistió a Harvard para criticar la reforma al Poder Judicial, generando controversia al leer con ironía los requisitos para la elección de jueces y magistrados. Además, juristas autoproclamados “prestigiosos”
respaldan estas posturas con argumentos técnicos, ignorando los contextos históricos y sociales que afectan a las mayorías.
En este entramado también destacan las élites económicas y judiciales, quienes operan desde un sistema descrito como desconectado de las necesidades del pueblo y profundamente arraigado en privilegios heredados. En este contexto, el lawfare no solo utiliza la judicialización de la política como herramienta de control, sino que recurre a narrativas construidas en medios de comunicación para moldear la opinión pública y debilitar la legitimidad de gobiernos que, aunque no cuenten con el agrado de algunos, han sido democráticamente electos.
Los privilegios heredados son beneficios que se transmiten dentro de grupos selectos, como las élites económicas, sociales o políticas, permitiendo que las futuras generaciones mantengan una posición dominante y disfruten de ventajas inaccesibles para la mayoría. Este fenómeno no solo se limita al ámbito económico, sino que también afecta al sistema judicial, donde el poder y la influencia se concentran en un pequeño círculo, perpetuando desigualdades y creando un Poder Judicial desconectado de las necesidades del pueblo. Aunque algunos juristas sostienen que el Poder Judicial no debe rendir cuentas al pueblo, si el poder emana del pueblo según la Constitución, ¿cuál es su justificación? Además, si el Poder Judicial se ha regido de esta manera durante tanto tiempo, el pueblo tiene el derecho legítimo de modificar la estructura del gobierno en cualquier momento. La reciente renuncia de varios ministros de la Corte refuerza esta percepción, dejando mucho que desear en cuanto a la imparcialidad y responsabilidad de quienes deberían impartir justicia.
En este contexto, surge la reflexión de si no es precisamente esta concentración de privilegios, que deberían ser llamados como tales debido a su inaccesibilidad para el pueblo, lo que está siendo cuestionado por la reforma, especialmente para quienes padecemos las consecuencias de un poder judicial desconectado de las necesidades de la sociedad. El sistema judicial se ha convertido en un instrumento de poder que, lejos de ser imparcial, actúa de acuerdo con los intereses de esas élites. Y es que, cuando se habla de independencia judicial, ¿realmente se está refiriendo a un poder autónomo y neutral, o se está hablando de un sistema que responde a los intereses de grupos privilegiados, que buscan mantener su influencia dentro de las estructuras del poder? La reforma propone, precisamente, cuestionar esta estructura de privilegios heredados que podría estar obstaculizando la transformación de las instituciones en beneficio de la mayoría. Estemos de acuerdo o no con la presidenta actual o con la reforma, lo indiscutible es que el Poder Judicial requiere un cambio pronto, inmediato, una reforma que democratice la justicia.
Martha Patricia Calderón Sotelo
Universidad Autónoma del Estado de Morelos
