Legisladoras federales proponen prohibir el uso de esos dispositivos en planteles, mediante una reforma a la Ley General de Educación.

La regulación o prohibición de teléfonos celulares en los planteles educativos es un tema cuyo debate toma cada vez más fuerza tanto en el ámbito local, como nacional, luego de que en febrero pasado, Querétaro se convirtió en el primer estado del país en prohibir el uso de aparatos telefónicos en planteles de educación básica y media superior.

El tema, que comienza a permear en las entidades federativas, llegó ya a la Cámara de Diputados federal, donde las legisladoras del Partido del Trabajo (PT), Diana Karina Barreras Samaniego y Nora Yessica Merino Escamilla, presentaron una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación con la finalidad de regular el uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos en las escuelas de educación básica.
La propuesta pretende la modificación de los artículos 74 y 129, y crear el artículo 74 Bis de la Ley General de Educación para disminuir las distracciones entre los menores y prevenir la violencia digital. 

De acuerdo con las diputadas impulsoras de la iniciativa, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), advirtió en 2023 que el acceso a dispositivos en el aula afecta la concentración y disminuye la capacidad en el aprendizaje; además, cada vez más niños y adolescentes son víctimas de acoso en línea, lo que impacta negativamente su bienestar emocional y su desempeño escolar.

Incluso, la falta de convivencia y el uso excesivo de dispositivos electrónicos durante los descansos impiden la interacción social, lo que afecta el desarrollo de habilidades socioemocionales, además de la frustración que puede generar la brecha de desigualdad entre quienes poseen un celular y los que no.

En Morelos y en otras entidades, este debate sobre la conveniencia o no del uso de celulares en las aulas poco a poco toma fuerza entre padres de familia y docentes, quienes están a la expectativa de las posturas de las autoridades educativas y de las acciones legislativas.