Lo anterior fue expresado por la presidenta del Sistema DIF, al encabezar la primera sesión ordinaria del Comité de Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de la Convención sobre los Derechos de la Niñez, que está conformada por 25 representantes de diversas instituciones, entre las que destacan la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de Gobierno, la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Imjuve, IMSS, ISSSTE, el IEBEM y asociaciones civiles.
Mayela Alemán quien funge como vicepresidenta del Comité de Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de la Convención sobre los Derechos de la Niñez, dijo que entre las acciones que llevarán a cabo de manera inmediata, será la elaboración de un diagnóstico de la situación de la niñez en Morelos por parte de una institución reconocida, así como analizar leyes, políticas, programas y proyectos gubernamentales a efecto de determinar líneas de acción para incidir en el desarrollo de la población infantil.
Dentro de estas estrategias, se contempla realizar campañas en coordinación con los ayuntamientos municipales, socializando el tema y que la ciudadanía conozca de estas disposiciones que buscan dar protección a uno de los sectores más vulnerables como son los niños.
Al resaltar que el beneficio de los niños, está por encima de cualquier otro interés personal o de grupo, Alemán de Adame reiteró el compromiso del Sistema DIF, para seguir respaldando políticas públicas a favor de los niños morelenses, sobre todo para velar por sus derechos y garantías individuales.
En su intervención, Sara Olivia Parra Téllez, Procuradora de la Defensa del Menor y Secretaría Técnica del Comité de Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de la Convención sobre los Derechos de la Niñez, recordó que este fue instalado el 29 de abril del año 2008, basado en la elaboración de una amplia estrategia estatal unificada y amplia, en donde no sólo están incluidas las instancias cuyas actividades están consideradas repercusiones sobre niños, sino también por los poderes públicos en todos los niveles, y sobre todo considerando la participación de todos los sectores de la sociedad.
