Tras la polémica por el conflicto de competencia entre juzgados locales y federales respecto a cinco casos de narcomenudeo y de las críticas de organizaciones de abogados al Congreso por no legislar este delito en el ámbito local, los diputados de las Comisiones de Seguridad y de Justicia del Poder Legislativo afirmaron que esta situación tiene su principal origen en la falta de recursos para generar las condiciones mínimas para que los jueces tomen estos casos.

El presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, Fidel Demédicis Hidalgo, dijo estar extrañado por las críticas de los litigantes ya que se había llevado a cabo mesas de trabajo para revisar la normatividad federal existente en materia de narcomenudeo y se concluyó que no era necesario legislar en el ámbito local.

“Acordamos que se iba a aplicar de manera supletoria la Ley General de Salud. Hasta ahí nos quedamos en ese asunto, de que no había problema de que aplicáramos la ley nacional, la Ley General de Salud en ese tema, y que teníamos salvado el asunto, que no habría necesidad de legislar”, dijo.

Es que el artículo 474 de la Ley General de Salud no sólo faculta a los estados para conocer el narcomenudeo como delito del fuero común, sino que establece sanciones que van de los diez meses a los ocho años de prisión y multas económicas para los responsables del ilícito.

El legislador perredista destacó que el Poder Judicial enfrenta una situación financiera difícil que lo coloca en un situación endeble ante asuntos como el narcomenudeo; por ello, se está cabildeando al interior del Congreso la aprobación de la autonomía financiera del Poder Judicial y la modificación de la Ley de Egresos del Gobierno del Estado 2012 para efecto de que este mismo año los tribunales tengan no el tres por ciento sino el 4.5 por ciento del presupuesto estatal.

“Hemos estado sensibilizando al Congreso y parece que ya se sensibilizó en el tema de la autonomía financiera del Poder Judicial y que estamos logrando ya casi el consenso para que sea el 4.5 por ciento del Congreso y no el tres por ciento que propone (el Ejecutivo); y en ese sentido, una vez que se autorice por el pleno del Congreso, pues ya habrá recursos para crear esa Policía (procesal para custodiar a los jueces). Pero ahorita el problema es de dinero; se tiene un rezago de mil millones de pesos en el Poder Judicial”, afirmó.

No obstante, el presidente de la Comisión de Seguridad, Andrés González García, sostuvo que los jueces penales del fuero común tienen razón al no querer conocer de los casos de narcomenudeo, pues ni siquiera el Tribunal Superior de Justicia tiene los recursos necesarios para generar la infraestructura y las medidas de seguridad para el personal judicial a cargo de este tipo de casos.

Manifestó que a pesar de que el Congreso insistió al Poder Ejecutivo en la necesidad de dotar este año al Poder Judicial del 4.5 por ciento del presupuesto estatal, hubo resistencia y finalmente el tope financiero para los tribunales quedó en tres por ciento.

“Simplemente es normal que los jueces no quieran, insisto, porque no tiene la seguridad correspondiente, y esa seguridad sólo es implementando la Policía Procesal y teniendo los juzgados correspondientes, y eso solamente se puede hacer con recurso económico. Ésa es la verdad.”

Por ello, al igual que su homólogo Fidel Demédicis, González García sostuvo que se cabildea al interior del Congreso la posibilidad de modificar el presupuesto estatal, aun en contra de la voluntad del Poder Ejecutivo, para apoyar al Poder Judicial y atender temas sensibles como el narcomenudeo.

“Nosotros le dimos la posibilidad al Poder Ejecutivo de que él otorgara el 4.5 por ciento mínimo al tribunal; no lo quiso hacer. Estamos en acuerdo en el Congreso para ver si nosotros modificamos el presupuesto y le damos ese 4.5 por ciento. Esto sería en contra de la voluntad del Ejecutivo. No lo queremos hacer; queremos que él tenga la voluntad para hacerlo pero si no lo hiciera, lo vamos a tener que hacer nosotros aunque, como la vez anterior, se vaya él a controversia constitucional. Estamos siendo corteses con el Poder Ejecutivo pero si no lo entiende, tendremos que tomar la determinación en el Congreso”, recalcó.

Finalmente, el legislador priista expresó que los jueces locales estarían en un situación complicada y de riesgo ante los casos de narcomenudeo, por lo que responsabilizó al Poder Ejecutivo de lo que pudiera ocurrir si no se dota específicamente al Tribunal Superior de Justicia del presupuesto indispensable para generar la infraestructura y recursos humanos para garantizar la seguridad de los jueces.