Tras la reforma que aprobó el Congreso a la Ley de Justicia para Adolescente para aumentar las penas privativas de la libertad a menores de edad en conflicto con la ley, Benítez Villaseñor destacó que desafortunadamente era una medida legislativa que se requería para que los adolescentes estén bajo tratamiento socio educativo adecuado y completo para prevenir la reincidencia.

Y es que explicó, aun cuando el proceso penal dura máximo seis meses, la ejecución de las sentencias lleva hasta un año y entonces cuando los menores inician los programas y tratamientos, están a punto de egresar del Centro de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes (CEMPLA), recibiendo así una atención incompleta.

“No se pueden implementar los programas y tratamientos que se requieren. Se empieza a trabajar con los adolescentes hasta que ya están sentenciados, entonces en el caso de muchos de ellos, cuando se empiezan los tratamientos ellos ya están por salir. Entonces esto dificulta que ellos puedan tener las herramientas adecuadas y el trabajo que se requiere para que no vuelvan a delinquir”, relató.

Relató que el aumento de penas es un tema polémico, pero debido a que “la ley era muy benéfica y las organizaciones criminales abusaban de eso y eran los que incautaban niños porque sabían que su penalidad máxima era de tres años (y cinco en el caso de los mayores de 16 y menores de 18 años) y que pronto iban a estar en libertad”.

Hace una semana el Congreso aprobó aumentar de tres a cinco años de internamiento a los menores infractores de entre 14 y 16 años de edad, y hasta siete años en caso de delitos graves; en el caso de los menores de mayores de 16 años y menores de 18 las penas se incrementaron de cinco a siete años, y en casos graves hasta nueve años. La reforma a Ley de Justicia para Adolescentes entrará en vigor una vez que se publique en el órgano oficial de difusión del gobierno estatal.

La defensora de los derechos humanos sostuvo que el aumento de las penas no implica que todos los adolescentes sean sometidos a sanciones severas, pues los jueces tendrán que revisar cada uno de los casos y dictar sentencias proporcionales y adecuadas.

No obstante, consideró que hay muchas cosas por revisar, porque la solución no es sólo aumentar las penas sino generar políticas públicas, programas y tratamientos más adecuados, no sólo en la reinserción de los menores sino en el seguimiento a los jóvenes que egresan del internamiento, ya que la mayoría de ellos son echados a la calle y son presa fácil para ser nuevamente reclutados por la delincuencia.

“El 90 por ciento de los niños que entran vuelven a caer en los mismo, muchos de los jóvenes con los que se ha podido platicar, ellos están convencidos de cuando salgan no tiene otra posibilidad porque muchos viven en situación de calle, no tienen familia y es muy difícil ganarse la vida en la calle. Y tienen mucha tendencia a que nuevamente vuelvan a ser captados por la gente de la delincuencia organizada”, detalló.

Dijo que hasta ahora no existe un albergue para niños que salen del CEMPLA y donde se les pueda dar una alternativa de vida, por lo que es necesario considerar esta propuesta.