Hoy es una lucha el cobro de la prima de antigüedad por parte de maestros jubilados de nuestro Estado, que no excede los 8 mil pesos por cada uno de ellos; su pensión no excede los 2 mil pesos. La histórica Ley en Morelos que protege a familiares que conformaron el Ejército Zapatista, a sus viudas, viudos e hijos, alcanza una pensión que no puede exceder los 60 días de salario mínimo.

El contraste es vergonzoso.

Ante la apertura de un periodo extraordinario de sesiones, se ha denunciado que se pretende la aprobación, entre otros temas, de la jubilación de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Virginia Popoca González.

Junto con ella, el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Rosas Pérez, ha sido insistente en lograr lo propio. El presidente de la barra de abogados, Felipe Jasso Escobar, alertó a la opinión pública al advertir que el decreto que le otorga al ex presidente y a los magistrados que pretendan jubilarse, contempla una pensión aproximada de 120 mil pesos mensuales.

Apenas en febrero de este año, el Congreso aprobó por unanimidad el dictamen emanado de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, el retiro del procurador general de justicia con una pensión del 70% del salario actual que obtiene de manera mensual; alrededor de 70 mil pesos mensuales.

Francisco Rodríguez Montero, ex secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en la primera etapa del actual gobierno desde julio de 2010 cobra 38 mil 500 pesos por este concepto.

Francisco Coronato Rodríguez, ex procurador general de justicia, cobra aproximadamente 45 mil pesos mensuales.

Alejandro Pacheco Gómez, eterno aspirante a la rectoría de la Universidad Autónoma del estado de Morelos, hoy titular del Secretaría de Educación de la entidad, le fue autorizada una percepción vitalicia de más de 52 mil pesos.

Hay más funcionarios y ex servidores públicos dentro del esquema, que aunque es legal, significa un alto privilegio y por supuesto un exceso del ejercicio del poder. Los sueldos por encima de la media en las percepciones de la población general, el cobro inaudito de 90 días de aguinaldo durante la labor de servir al pueblo multiplicado por tres o seis ocasiones, según sea el caso, las múltiples prestaciones que evitan gastos inclusive médicos para ellos y sus familias, ha transformado al aparato gubernamental en una gran caja de ahorro para unos cuantos que solamente cambian de partido e ideología.

El nuevo gobierno de izquierda tendrá una tarea gigantesca en este rubro: generar cambios que acaben de un golpe con esta serie de abusos que solamente pueden ser calificados como “robos legalizados”.

Al Aire

Inició el periodo de transición en el área de la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente; espacio que aunque nunca alcanzó el nivel de secretaría desarrolla una de las principales tareas del actual gobierno.

La distribución de agua potable en más de 90% del territorio, el tratamiento de sus aguas negras, la captación de las pluviales con la construcción de presas, su direccionamiento correcto para el riego, el saneamiento de las principales cuencas, y otras muchas que no deben detenerse.

Su tarea lúdica es de la mayor trascendencia; cuenta con espacios como el Parque Ecológico Chapultepec y el Centro Estatal de Cambio Climático y Educación Ambiental, que deben ser fortalecidos como áreas de constante visita.

El anuncio de que nazca una Secretaría de Desarrollo Sustentable es importante; seguro que éstas y muchas áreas habrán de privilegiarse; por lo pronto saber de la presencia en la comisión de transición de Fernando Jaramillo, Alfonso Gómez Martínez, Luis Robleda y Castillo, Topiltizin Contreras MacBeath y Patricia Izquierdo, es un buen comienzo.