Lo anterior fue expuesto por Integrantes de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, quienes se pronunciaron por acciones integrales de salud para las mujeres, en el marco del día internacional por el derecho a decidir y a la despenalización del aborto.
Andrea Acevedo representante de dicha organización, expuso que de acuerdo con datos que proporcionó la Dirección de los Servicios de Salud, mediante un procedimiento de acceso a la información; en lo que va del 2012, se han practicado en hospitales del estado, mil 300 abortos, y aunque no informan sobre las causas o condiciones en que fueron atendidos, se refiere que el grupo de mayor incidencia fue el de mujeres de 20 a 25 años. Este dato, apuntó, “es preocupante porque refleja que no hay programas efectivos de difusión ni acceso a métodos de anticoncepción”. Además, opinó, “muestran la gravedad de la problemática pues con las trabas que ponen en las diferentes instancias, es de suponer que el número de abortos que se practican en sitios clandestinos es mucho mayor”.
Señaló que la Constitución garantiza a todas las mujeres de México una vida digna y saludable. “Sin embargo los prejuicios conservadores han impedido que ese derecho sea una realidad en la mayor parte del territorio nacional, debido a leyes injustas. México en diversos compromisos internacionales, como la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, de Beijing, y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, entre muchos otros, se ha comprometido a respetar los derechos relacionados con la salud y capacidad de decidir de las mujeres sobre su propio cuerpo y maternidad.
La persistencia de condiciones sociales desfavorables, sumada a una insuficiente educación sexual laica y científica, así como la carencia de métodos anticonceptivos disponibles y accesibles, derivan con frecuencia en embarazos no deseados. El punto que cierra este círculo opresor es el estigma social y el castigo legal para las mujeres que intentan liberarse, al interrumpir sus embarazos.
Morelos no ha sido la excepción, sabemos que existen mujeres que ha sido sometidas a un proceso legal porque decidieron interrumpir su embarazo, que existen mujeres a las que se les imponen trabajos comunitarios como castigo por haber abortado, y también conocemos casos donde las mujeres y niñas han sido obligadas a ser madres, aun cuando el embarazo es producto de una violación.
La despenalización del aborto en todo el país es una demanda que debe cumplirse. Recientemente el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha recomendado a México ampliar el acceso al aborto legal y armonizar las leyes federales y estatales relacionadas con el aborto, “lo que implica eliminar los obstáculos que tienen que enfrentar las mujeres que buscan interrumpir un embarazo legalmente”.
Señaló que el nuevo Gobierno “tiene grandes retos como la implementación de educación sexual integral y campañas de prevención de embarazo adolescente; labores de difusión y acceso real a métodos anticonceptivos; garantizar que se apliquen las causales que existen en el código penal que permiten la interrupción del embarazo; y establecer protocolos claros para que las mujeres puedan acceder a un aborto legal, sobre todo en caso de violación”.
