Juliana García Quintanilla, integrante de este grupo de organizaciones con representación en diversas regiones del país, expresó que existe preocupación por la situación de deterioro de derechos humanos y violencia que continúa documentándose en la entidad.

Este deterioro se ha hecho evidente en el incremento de los índices de violencia que vive el estado, así como las graves violaciones a las que se expone a la población morelense.

Indicó que la política de seguridad estatal tiene una orientación policiaco-militar y los feminicidios van en aumento, al igual que la violencia institucional, que se produce con la constante negativa de las autoridades de aplicar medidas certeras y efectivas para proteger a las mujeres.

Además, recalcó que las cárceles en Morelos “son la expresión concentrada de la fuerza institucional, donde finalmente esas contradicciones estallan violencia, degradación de la condición humana, narcotráfico, hacinamiento, tráfico de influencias, fugas cuidadosamente anunciadas y ejecutadas ante el mayor despliegue policíaco y militar”.

Al igual que la Comisión de Derechos Humanos, la red “Todos los Derechos para Todas y Todos” consideró fallida la política penitenciaria y se evidencia en las deficiencias en los centros de reclusión.

Por ejemplo, señaló, el Centro Estatal de Reinserción Social Morelos tiene capacidad para albergar a mil 500 personas, pero el número actual de internos es de dos mil 531 que significa una sobrepoblación del 68.73 por ciento, que implica hacinamiento, corrupción y la disminución de la calidad de vida de las personas privadas de la libertad.

Además, a pesar de que Morelos es uno de los tres estados que opera en todo su territorio el sistema oral de justicia penal y que cuenta con instrumentos de justicia alternativa, “se sigue dictando la prisión preventiva de manera oficiosa, lo cual viola el principio de presunción de inocencia”.

Detalló que en el Centro Estatal de Reinserción Social Morelos hay mil 975 personas procesadas por delitos del fuero común, 475 de ellas en prisión preventiva y 556 personas acusadas por delitos federales, de las cuales 304 no han recibido sentencia.

García Quintanilla sostuvo a esto se le suma la criminalización y represión de los movimientos sociales, al extremo de usar la tortura en contra de activistas y luchadores sociales; además de los ataques contra la libertad de expresión y amenazas contra periodistas.

Por ello, recalcó: “exigimos al gobierno estatal poner fin a la impunidad que rodea todas las violaciones a los derechos humanos, impulsar acciones que aborden de manera integral las problemáticas anteriormente expuestas, así como a implementar acciones preventivas que permitan que la sociedad morelense pueda restituir la paz y con ello el derecho a una vida digna”.