Lo anterior, derivado de la firma de convenio, celebrada el pasado 1 de julio de 2014, con la Secretaría de la Función Pública (SFP), mediante el cual el Tribunal Electoral podrá consultar el Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados y conocer las inhabilitaciones vigentes en el momento en que se pretenda realizar la contratación o designación de un funcionario.

En el texto del convenio se específica que ambas instituciones intercambiarán información, sin costo alguno, sobre las sanciones del personal.

La SFP permitirá al máximo organismo jurisdiccional del país en materia electoral, el acceso al Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados para obtener constancias electrónicas, así como la relación de servidores que se encuentren inhabilitados para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

Por su parte, el tribunal se obliga a utilizar la información de las constancias únicamente para la integración de expedientes administrativos que lleve a cabo en ejercicio de sus funciones.

Además, enviará vía electrónica a la secretaría, dentro de los 20 días hábiles siguientes a la firma del convenio, la información referente a sanciones de inhabilitación vigentes impuestas a servidores del TEPJF y, en su caso, a las resoluciones por las que se hayan dejado sin efecto dichas sanciones.

Lo anterior, con el objeto de que la SFP incluya la referida información en el Registro de Servidores Públicos Sancionados.  La SFP, a través de los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades de la Administración en la Oficina de la Presidencia de la República y en la Procuraduría General de la República (PGR), vigilará que las mismas se abstengan de contratar, nombrar o designar a servidores que estén sancionados por el Tribunal con inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público.

Asimismo, el tribunal llevará a cabo las acciones correspondientes, a fin de que los servidores públicos del tribunal se abstengan de contratar o designar a quienes se encuentren sancionados por inhabilitación vigente para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, por autoridades federales o estatales que hayan celebrado convenio o acuerdos en la materia con la secretaría.