La Fiscalía General de Justicia (FGJ) destruirá cientos de vehículos asegurados y que en un plazo máximo de dos meses no sean reclamados por sus propietarios.
En el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” la Fiscalía General del Estado publicó por primera y única vez una notificación, por la cual emplazó a los propietarios a reclamar 318 vehículos, los cuales desde hace varios meses o años permanecen bajo el resguardo de la institución.
De acuerdo con el emplazamiento, signado por José Luis Balbuena Bazaldúa agente del Ministerio Público a cargo del Programa de Compactación de la fiscalía estatal, los automotores asegurados fueron recuperados tras ser reportados como robados o decomisados luego de ser utilizados para la comisión de ilícitos.
Los más de 300 vehículos aparecen enlistados, los modelos datan desde 1973 hasta 2008 y las marcas son variadas, sin embargo, por el largo el tiempo que han permanecido en el depósito de la fiscalía, advirtió del deterioro y práctica inutilidad de la mayor parte de ellos.
“Es preciso señalar que los vehículos y autopartes candidatos al destino final, lo son en razón de su costosa y difícil conservación y su deterioro es evidente, además de carecer ya de importancia su conservación como evidencia en la investigación, por haber sido debidamente descritos y técnicamente fijados dentro de los expedientes relacionados, o son de nulo o mínimo valor económico de acuerdo con los peritajes que determinan su valor actual y tienen un prolongado tiempo de permanencia bajo resguardo, sin que hasta el momento haya sido posible devolverlos a personas interesadas que acrediten derecho a serles otorgados.
“Apercibidos que para el caso de no comparecer dentro del término señalado, se decretará el abandono de dichos bienes, determinando el destino final de los mismos y ordenando su compactación o destrucción”.
Ante ello, la Fiscalía General del Estado ha emplazado a los propietarios a reclamar los vehículos, de lo contrario en un plazo de 60 días naturales se decretará el abandono del automotor y se procederá a su destrucción.
En diciembre de 2013, la Procuraduría General de Justicia (actualmente fiscalía estatal) inició la primera etapa del Programa de Compactación de Vehículos, con el fin de vender la chatarra y obtener recursos para mejorar el equipo e instalaciones de la institución.
De acuerdo con las autoridades, la Dirección de Bienes Asegurados de la PGJ detectó en ese entonces que 137 vehículos recuperados o que fueron asegurados, tras ser utilizados para cometer ilícitos, no fueron reclamados.
Al prescribir el plazo legal para solicitar la devolución, el Ministerio Público decretó su abandono y procedió a su destrucción, lo que generó 109 toneladas de desechos que fueron vendidos y así la fiscalía obtuvo recursos adicionales.