“Esto no me parece extorsión, sino más bien una negociación entre dos partes, porque no ha quedado acreditado que los supuestos victimarios hicieran llamadas al dueño de la Ipad para obligarlo a entregar el dinero”, citó la juez de Control de Detención, que ni siquiera dio opción a que la Fiscalía formulara imputaciones en contra de los detenidos.
La juez consideró que si bien la Fiscalía alega que hubo flagrancia en la detención, porque un policía escuchó cuando uno de los jóvenes pidió el dinero, también es cierto que todo hace indicar que el agraviado no fue obligado.
Felipe Amauri “N”, Aarón Rogelio “N”, Luis Enrique “N” y Christian “N” de 22, 23, 21 y 22 años de edad, fueron aprehendidos el pasado miércoles 13 de agosto del presente en un operativo implementado por elementos de la Policía Estatal Acreditable y de la Policía de Investigación Criminal adscritos a la Unidad Especial de Combate al Secuestro (UECS).
En el desahogo de la audiencia de Control de Detención, se dio a conocer que los presuntos habrían sido sometidos en pleno zócalo de la cabecera municipal de Emiliano Zapata, después de que los agentes se percataron de que los jóvenes pidieron el dinero a la víctima.
Martín “N”, quien dijo ser el agraviado, inició una denuncia bajo la carpeta de investigación FLP/414/2014 en la que manifestó que era extorsionado por la cantidad de tres mil 500 pesos para poder recuperar su Ipad (una tableta electrónica de la marca Apple).
En su denuncia afirmó que un hombre lo había citado a las 14 horas del miércoles en la plaza pública ubicada frente al edificio del Palacio Municipal de Zapata, y los policías realizaron un operativo para detener al responsable.
Al lugar llegó Cristian “N”, quien se acercó a la víctima cuando este se encontraba acompañado por un policía que no llevaba uniforme.
Cristian le preguntó a Martín si traía el dinero del Ipad. Después de escuchar la respuesta afirmativa, el inculpado se retiró para dirigirse hacia varios individuos en el mismo zócalo, que en ese momento fueron detenidos.
Los hechos narrados en la puesta a disposición revelan lo anterior pero nunca se da a conocer si la víctima habría sido agredida verbalmente o amenazada por los inculpados. “Simplemente se expone una transacción” consideró la jueza, y por eso decretó que no existía ningún delito para establecer algún grado de responsabilidad.
Ante la falta de elementos en contra de los cuatro jóvenes, la juzgadora calificó de ilegal su aprehensión y decreto la inmediata libertad de los cuatro imputados, lo que impidió al fiscal formular imputación.
