Alejandro Gallardo López, presidente de la agrupación, manifestó que las propias encuestas oficiales dan cuenta de que Morelos tiene los peores resultados en nivel educativo, económico y las tasas más altas de pobreza en la población con discapacidad, y “ninguna autoridad hace nada”.

Detalló que uno de los asuntos que han puesto en evidencia la omisión o desinterés de la Comisión estatal de derechos humanos, es la queja 563/2013-2 que la Coalición formuló, en la cual se denunció la violación al artículo 29 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Particularmente se quejaron por el incumplimiento de la ley por parte del gobierno estatal, en cuanto a la correcta publicación de la convocatoria, para la conformación del Consejo Estatal para la Atención a Personas con Capacidades Diferentes.

Recordó que en su momento denunciaron que esa instancia – que conforme a la ley debería estar conformada por varias instituciones y por seis representantes de la sociedad civil- no se constituyó formalmente y sólo se “simuló su integración, con la inclusión de personas cercanas a funcionarios de las Secretaría de Salud”.

Con esta acción -alegaron-, se dejó de lado la participación social y política de las organizaciones pertenecientes a la Coalición.

En la citada queja ante la CDHEM expusieron su reclamo porque la integración de vocales de la sociedad civil del consejo estatal, fue publicada en términos discriminatorios.

Sostienen que se nombró a personas que ni siquiera tienen alguna discapacidad y no reúnen el perfil ni la experiencia.

“Las autoridades dan como legítimo ese consejo, que ha sido impugnado,  de hecho ese grupo fue tomado en cuenta para la firma de un convenio con el Consejo Nacional para la inclusión de las personas con Discapacidad, sin contar con representación legítima de la sociedad civil”, dijo.

Alejandro Caballero consideró que la CNDH puede atraer esa queja que la comisión estatal no ha atendido, “ya que el artículo 60 de la nacional, habla de la posible atracción, cuando hay una omisión, retardo o mala aplicación de la ley en los estados”.

Caballero López lamentó que la presidenta del organismo, Lucero Benítez Villaseñor, no ha mostrado interés alguno en proteger los derechos de este grupo de la población, al grado de que ni siquiera en las oficinas de la comisión estatal hay rampas de acceso. “Más allá de eso evidentemente no ha habido efecto alguno en cuanto a la queja, el proceso quedó paralizado”, aseveró.

Confió en que con la intervención de la multicitada CNDH, se eche abajo la conformación “ilegítima” del consejo estatal para la atención a personas con capacidades diferentes.