El funcionario disculpó su incomparecencia a través de un oficio en el que señala que no podría asistir a la cita “por causas de  fuerza mayor, porque tengo que acompañar al gobernador a un evento”.

La defensa del ex edil de Huitzilac, Rafael Vargas Zavala, su hijo y dos comuneros, pidieron una audiencia diversa con la juez Elvia Terán Peña, para obligar al secretario de Gobierno a que se someta a una prueba psicológica, pues con ello pretenden demostrar que no presenta problemas, tras haber sido privado de su libertad el pasado 14 de noviembre, cuando más de 200 vecinos de ese municipio tomaron las carreteras que allí cruzan, para exigir que se investigara el secuestro de un taxista que hasta la fecha no ha sido localizado por la Policía de Investigación Criminal.

El pasado 14 de enero de este año, la juez de Control de Garantías y Juicios Orales del Primer Distrito Judicial, Elvia Terán Peña, decretó vincular a proceso al ex edil, a su hijo y a dos personas más, por el delito de secuestro agravado, a pesar de que los abogados del ex munícipe insistieron que si se cometió algún delito era el de lesiones y no el de secuestro, cuya pena se sanciona hasta con 90 años de prisión.

La defensa del ex edil, encabezada por el  penalista Carlos Villavicencio de la Rosa, pidió la comparecencia del funcionario, con el propósito de que se le practique dicha prueba, pues pretende demostrar como parte de su teoría del caso que no presenta las secuelas psicológicas que genera el ser privado de la libertad.

La audiencia estaba programada para el pasado 9 de abril a las 09:00 horas en la Primer Sala de Juicios Orales del edificio ubicado en la calle de Morrow, en el primer cuadro de Cuernavaca.

Al iniciar la audiencia, la juzgadora dio a conocer el contenido de los oficios que recibió minutos antes de parte de Quiroz Medina, de Gilberto Castellanos y de Óscar Gutiérrez, escoltas del secretario de Gobierno, y quienes según la Fiscalía General del Estado, fueron golpeados el día de los hechos.

Gilberto, en su oficio dijo estar indispuesto por motivos de salud, mientras que Óscar afirmó que no podía asistir porque tenía que acompañar al secretario de Gobierno a un evento.

Los abogados defensores Carlos Villavicencio y Javier Bahena, al hacer uso de la palabra expresaron a la juzgadora que esta situación coloca en estado de indefensión a sus clientes y atenta contra los derechos fundamentales de toda persona imputada.

El artículo 20 de la Constitución mexicana, párrafo B, fracción IV establece: “Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto, y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley”.

Los defensores citaron también tratados internacionales como el Pacto de San José, firmado por México, y en el que se establece que el acusado de algún delito tiene el derecho de allegarse de todos los recursos a su alcance para demostrar su inocencia.

La defensa también argumenta que están a punto de fenecer los dos meses que la juez otorgó para concluir la investigación, y no contar con las pruebas solicitadas afecta a su cliente.

Finalmente, la juez citó nuevamente al secretario y sus dos asistentes para el próximo 22 de abril a las 11:00 horas, pidiendo a los auxiliares que la notificación se haga de manera inmediata para que el funcionario pueda programar su asistencia.