Ante la presión que ejercieron cientos de trabajadores sindicalizados, quienes se movilizaron ayer ante el Congreso del estado, integrantes de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social finalmente dictaminaron en contra la iniciativa de reforma a la Ley del Servicio Civil en materia de seguridad social, impulsada por el Poder Ejecutivo.

Por una semana, los legisladores que integran la Comisión del Trabajo postergaron la firma del dictamen de dicha reforma en sentido negativo, con la justificación de que varios diputados pidieron analizarla y a pesar de haberse comprometido con los sindicalizados a desecharla.

Incluso, se advirtió de un "albazo" en la sesión ordinaria de ayer (la última del primer periodo de la LIII Legislatura).

Sin embargo, el paro de labores de agremiados de por lo menos diez sindicatos –tanto de los tres poderes del estado, como de los ayuntamientos, organismos descentralizados y el respaldo del llamado  Nuevo Grupo Sindical (NSG) y la Confederación de Trabajadores de México (CTM)– obligó a los diputados a rechazar la propuesta del Ejecutivo, con la que se pretendía eliminar el sistema estatal de pensiones y jubilaciones.

El dictamen fue firmado por los diputados integrantes de la Comisión del Trabajo Efraín Esaú Mondragón Corrales, de Encuentro Social; Edith Beltrán Caballero, de Nueva Alianza; Francisco Navarrete Conde, del PRD (grupo parlamentario que respaldaba la propuesta), y de Carlos Alaniz Romero y José Manuel Tablas Pimentel, ambos del PAN.

La coordinadora del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Hortencia Figueroa Peralta, rechazó firmar el dictamen. Los trabajadores sindicalizados acusaron a la diputada de ser la "operadora" del Poder Ejecutivo para aprobar la propuesta, e incluso le retuvieron su camioneta al momento de que Figueroa Peralta intentaba entrar al recinto legislativo.

La legisladora defendió su postura y afirmó que la determinación de sus compañeros sólo resolvió la problemática con los sindicalizados, pero no el tema de fondo, que es el colapso de las finanzas del gobierno del estado y los municipios, por el pago de jubilaciones y pensiones, en un futuro no lejano.

"Es importante que nosotros como Congreso podamos asumir, independientemente del partido que está gobernando en este momento, sí que tengamos conciencia de qué circunstancia está viviendo el estado y de la situación que se puede vivir en las siguientes décadas y también tener la disposición para poder construir una iniciativa que resuelva la problemática de fondo", declaró.

La legisladora local acusó a sus homólogos de haber actuado por el aplauso fácil y no con base en el costo social que implicaría una reforma en materia de seguridad social como la que proponía el estado.

El acuerdo

Finalmente, los trabajadores sindicalizados y diputados acordaron instalar mesas de trabajo, en enero próximo, a fin de crear una propuesta para resolver el tema de las jubilaciones y pensiones, sin que afecten los derechos de los trabajadores en activo.

La propuesta –según se adelantó ayer– es que durante el segundo periodo de sesiones (que inicia en febrero de 2016) se pueda crear un proyecto que para el tercer periodo (que inicia en septiembre del mismo año) se someta a votación del pleno legislativo.