El Congreso del estado podría exentar de cumplir el programa de verificación vehicular a los agricultores y a los ganaderos, con la justificación de que no cuentan con recursos para la renovación de sus unidades.

Mediante una reforma a la Ley de Transporte del Estado de Morelos, los legisladores locales pretenden hacer una excepción en las obligaciones de los ciudadanos, ya que el sector agropecuario podría mover sus automóviles de trabajo aún sin cumplir con las normas ambientales.
De acuerdo con el diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Javier García Chávez, se trata de un apoyo al sector, que no cuenta con los ingresos suficientes para renovar sus vehículos.
Sin embargo, dijo que impulsarían a la par la creación de un fondo para apoyar a los agricultores y ganaderos para la renovación de su parque vehicular, para lo cual se tendría que crear un padrón del sector agropecuario, para evitar que cualquier otro ciudadano  incumpla con sus obligaciones en materia ambiental.
La propuesta no cuenta con el respaldo de los diputados para ser aprobada por el Pleno.

Incluso, ayer por la mañana, integrantes del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire pidieron a los diputados reconsiderar esa propuesta, pues sería un retroceso en las acciones emprendidas para el cuidado del medio ambiente. 

 

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Hay elementos para enjuiciar a María del Carmen Cuevas López, insiste Leonel Díaz Rogel.

El abogado Leonel Díaz Rogel promovió un juicio de amparo por el desechamiento del Congreso de su solicitud de juicio político contra la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Cuevas López.

El litigante insistió en que aportó al Poder Legislativo elementos suficientes y fehacientes para acreditar la responsabilidad de la representante del Poder Judicial por violaciones a la Constitución Política del Estado, usurpación de atribuciones, violación grave a las garantías y derechos fundamentales de magistrados, y el abandono o desatención injustificada de sus funciones.

Recalcó que un ejemplo de las irregularidades cometidas por Cuevas López fue mantener ilegalmente en funciones a la Comisión Transitoria (integrada por ella y dos magistrados más) y la resistencia a instalar la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, órgano sustituto del extinto Consejo de la Judicatura y que por disposición constitucional debió entrar en funciones desde el 5 de abril del año 2018, pero fue hasta el día 3 de junio que se instauró en condiciones legales cuestionables.  

Recordó que su solicitud de juicio político estuvo soportada por 57 pruebas y 28 anexos que acreditaban la responsabilidad política de la magistrada presidente, pero el Congreso decidió desecharla sin fundamentación ni motivación.

Por tal razón, promovió el juicio de amparo 949/2019, radicado en el Juzgado Sexto de Distrito, para impugnar el desechamiento dictado por los diputados integrantes de la Junta Política del Congreso del Estado de Morelos.

 

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El Legislativo estatal pide a la SCT subsanar deficiencias no sólo en dicha obra, sino también en el Paso Exprés.

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Diputada afirma no haber renunciado al partido y anuncia proceso legal.

La diputada Maricela Jiménez Armendáriz pidió a Hugo Eric Flores Cervantes, exdirigente nacional del Partido Encuentro Social (PES), "saque las manos" del nuevo proceso de renovación del instituto político con registro en Morelos. Lo anterior, tras haber denunciado que el actual delegado federal atropelló sus derechos políticos al haberla eliminado del padrón de militantes. 
En rueda de prensa, la actual coordinadora del grupo parlamentario del PES en el Congreso del estado afirmó que Flores Cervantes ha actuado de manera "mezquina", pues también borró del padrón de militantes a delegados, consejeros y otros compañeros que fueron fundadores del Partido en Morelos. 
"Nunca imaginé que fuera él quien buscaría, a través de estrategias viles, coartar mis derechos y actuar contra la militancia al viejo estilo de la política del garrote", manifestó. 
Por ello, la legisladora informó que promovió un juicio de derechos político-electorales del ciudadano ante el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM), con la finalidad de que se le reconozca como militante fundadora del PES, ya que durante su paso en el instituto político fungió como delegada, dirigente estatal y representante legal.
Aseguró que nunca renunció, como se informó en el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), por lo que dijo desconocer quién firmó la carta que el órgano electoral presentó durante el proceso de aprobación del registro del PES en lo local, y que la descartó como representante legal del mismo instituto. 
Jiménez Armendáriz afirmó que Hugo Eric Flores ya no tiene ninguna facultad o control sobre el Partido en Morelos, pues a nivel nacional el PES perdió su registro. 
"Exijo a Hugo Eric Flores saque las manos de los procesos del estado y enfrente las consecuencias de las malas decisiones; no más imposiciones; en el estado decide la militancia; no más cúpulas y sus ambiciones", finalizó. 

 

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Lo atribuye a la disputa por presidir la Mesa Directiva y la Junta Política y de Gobierno del Congreso.

La renovación de las presidencias de la Mesa Directiva, de la Junta Política y de Gobierno y de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública -a unos días de que concluya el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año legislativo, el próximo 15 de julio- ha iniciado una nueva disputa entre las fuerzas políticas con representación en el  Congreso. 
Marcos Zapotitla Becerro, diputado del partido  Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) aseguró que el grupo de 14 legisladores (G14) que controla el Congreso se fracturó después de varios meses de unidad, porque  al menos cuatro diputados buscan presidir la Mesa Directiva y la Junta Política y de Gobierno para el segundo año de la LIV Legislatura. 
"Esas eran alianzas por ambición y no por compromiso legislativo, yo en tribuna lo pronuncié, que una vez que se diera la recomposición veríamos resquebrajarse al G14, y como fue, porque sólo hay de dos sopas, la Mesa Directiva y la Junta Política", manifestó Zapotitla Becerro, quien integra un grupo de seis diputados (G6) que han sido oposición a la mayoría. 
Sostuvo que si no se logran acuerdos antes del 15 de julio para el nombramiento del nuevo presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez podría continuar al frente hasta que se logren acuerdos y eso podría suceder en un período extraordinario de sesiones, en el mes de agosto. 
En el caso de la Junta Política y de Gobierno, sostuvo que la pugna prácticamente está entre el Partido del Trabajo (PT) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ya que a este último  le correspondía la Junta Política y de Gobierno en el primer año de la LIV Legislatura y se designó a la petista Tania Valentina Rodríguez Ruiz. 
Manifestó su confianza en que se logren los consensos antes de la próxima semana, de lo contrario, el segundo año legislativo iniciará con un Congreso mucho más fracturado que en septiembre pasado, cuando inició la legislatura. 

 

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Justifica acusaciones con deudas que dejó Francisco Moreno Merino.

La ex diputada perredista Beatriz Vicera Alatriste reapareció públicamente y desmintió que esté prófuga de la justicia, al ser investigada por el delito de peculado. Afirmó que teme por su integridad y la de su familia. 
Este lunes, la ex presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del estado ofreció una rueda de prensa en un domicilio privado de Cuernavaca. Acompañada de su abogado Jesús García Aguilar, afirmó que "he sido tratada como la peor de las delincuentes", a causa del cateo que el viernes pasado la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) realizó en su casa y durante las audiencias a las que acudió. 
Vicera Alatriste afirmó que no ha intentado irse del país para evadir la acción de la Justicia, pues afirmó que recientemente sufrió una pulmonía, causada por la fibrosis pulmonar que padece desde que fungió como legisladora local. 
Sin embargo dijo que teme por su integridad y la de su familia, ya que se han tomado decisiones de manera "parcial", por lo que le pidió al gobernador del estado "no quite los ojos de mi caso". 
"Fui víctima, como si fuera yo la peor delincuente de este estado, me trataron de lo peor, eso nunca se había visto en este estado, eso no se vale, yo estuve yendo a las audiencias que me estuvo requiriendo a la Fiscalía, tres veces bajaron la carpeta, la volvían a subir, nos volvían a citar", agregó la ex diputada con lágrimas en los ojos y conectada a un tanque de oxígeno para poder respirar, a causa de su pulmonía. 
El abogado Jesús García Aguilar informó que por prescripción médica, durante los próximos 21 días Beatriz Vicera no podrá presentarse a ninguna audiencia, de ahí que promovieron un amparo con el que lograron la suspensión provisional de un juez federal para que la ex diputada no sea aprehendida. 
El litigante confió en que se obtenga la suspensión definitiva y puedan continuar con el caso cuando la ex presidenta del Congreso esté mejor de salud. 
De acuerdo con García Aguilar, a su clienta nunca se le acusó de robarse dinero del Congreso del Estado, sino que es señalada por no haber enterado 23 millones de pesos de las cuotas de los trabajadores ante el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM), el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
Sin embargo, justificó dicha acción al asegurar que la ex diputada no cumplió porque tuvo que pagar deudas que recibió cuando tomó la presidencia de la Mesa Directiva, en sustitución del priista Francisco Moreno Merino. 

  

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Recibe secretario de Gobierno a integrantes del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Morelos.

El secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, recibió a los integrantes del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Morelos, con el objetivo de coordinar entre las instituciones los trabajos orientados a promover, impulsar y garantizar la participación política de las mujeres, hasta el logro de la igualdad sustantiva en el estado.

Dicho órgano está integrado por Ana Isabel León Trueba, presidenta consejera del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac); Keila Celene Evaristo Figueroa, diputada presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso local; Carlos Alberto Puig Hernández, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Morelos; y Flor Dessiré León Hernández, titular del Instituto de la Mujer en la entidad.  

El acercamiento se debe a la necesidad de actualizar el convenio con el que se estableció el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Morelos, y a partir de ahí, avanzar en las acciones afirmativas previstas en los objetivos y proyectos de dicho órgano, dentro de los que destacan temas como: la armonización legislativa en temas de paridad de género, y la tipificación de la violencia política contra las mujeres, como delito.

El Observatorio en cuestión se concibe como un mecanismo de coordinación, promoción y fortalecimiento de la participación política de las mujeres, mediante la implementación de acciones específicas y recomendaciones dirigidas a organismos públicos, así como a diversos sectores de la sociedad.   

En ese sentido, Pablo Ojeda ofreció total apoyo de la Secretaría de Gobierno en los trabajos del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Morelos, e instruyó al secretario Técnico, Leonardo Silva Anguiano, coordinarse con el equipo de trabajo dispuesto para ese fin.

 

 

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Se busca que garanticen un reordenamiento urbano mediante técnicas de construcción más seguras.

El Congreso del estado exhortó a los ayuntamientos a cumplir con la creación o actualización de sus reglamentos de construcción, para que estén apegados al desarrollo urbano y garanticen una infraestructura segura para prevenir desastres como los que causó el sismo del 19 de septiembre del 2017.
De acuerdo con la legisladora del Partido Encuentro Social (PES), Maricela Jiménez Armendáriz, sólo 14 municipios cuentan con un reglamento de construcción: Amacuzac, Atlatlahucan, Ayala, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jiutepec, Mazatepec, Temixco, Xochitepec, Tlaltizapán, Yautepec y Yecapixtla. 
Sin embargo, dijo que se desconoce si estos ordenamientos están actualizados y garantizan un reordenamiento urbano mediante técnicas de construcción más seguras. 
"Estos reglamentos deberán regular todo tipo de construcciones que se realicen en estos, así como determinar los usos de suelo, terrenos o predios o vías de propiedad privada o pública deben contar con un ordenamiento que incluya el reordenamiento urbano, la clasificación, el uso de los suelos y las técnicas constructivas que contemple la reducción al mínimo de los riesgos para evitar en lo posible lo sucedido en el sismo pasado", manifestó Jiménez Armendáriz. 
La legisladora señaló que los municipios deben cumplir de manera urgente con tales ordenamientos legales, pues algunos están en proceso de construcción, como Jojutla, Zacatepec y otros municipios de la zona sur. 
De igual forma, dijo que los ayuntamientos deben asumir la responsabilidad de revisar las licencias de construcción que se otorgan y si cumplen con los lineamientos sobre el uso de suelo, para evitar un desorden urbano. 
El punto de acuerdo fue aprobado por mayoría durante la sesión ordinaria pasada, y se envió el Poder Ejecutivo para su publicación en el periódico oficial "Tierra y Libertad", a fin de que los municipios atiendan a este llamado. 

 

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Los diputados defienden el proceso legislativo para anular el nombramiento por 20 años de los actuales magistrados del Poder Judicial.

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Envía al Congreso varias observaciones y espera la respuesta de diputados.

El Poder Ejecutivo envió al Congreso local algunas observaciones sobre el acuerdo por el que se determina reducir la permanencia de los magistrados del Poder Judicial, debido a cuestiones de procedimiento legal, informó el consejero jurídico Samuel Sotelo Salgado.

El funcionario estatal dijo que en esta área se realizó el estudio a fondo sobre la constitucionalidad y legalidad de dicho acuerdo del pleno legislativo, como lo indica la norma, antes de publicarlo en el periódico oficial “Tierra y Libertad”.

Explicó que de acuerdo con dicho análisis – que fue entregado primero al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo- hay violaciones al procedimiento.

Por ello, haciendo uso de sus facultades envió el miércoles pasado las observaciones correspondientes a la cámara de diputados.

El abogado refirió que en este caso faltaron pasos del procedimiento: “es decir se necesitaba hacerse la propuesta en su momento, remitirse a comisión, elaborarse un dictamen y posteriormente pasarse al pleno legislativo, para su conocimiento, votación y en su caso aprobación”.

Hizo notar que ese procedimiento aplica en iniciativas y en acuerdos, que deben cumplir con las reglas establecidas y en el  caso citado se llevó directamente al Pleno del Congreso, lo que abriría la posibilidad de que los magistrados podrían impugnar.

Ahora, apuntó, está en manos del Congreso. El Poder Legislativo tiene 40 días para determinar si coinciden o no con dichas observaciones; de ser así, se debería realizar el proceso legislativo ya referido, y emitir la resolución que podría ser en el mismo sentido o en otro”.

Comentó que por ahora las cosas se quedan como estaban. Si el Congreso decide que seguirá en los mismos términos, entonces el Ejecutivo en esta segunda ocasión tendría la obligación legal de publicar el multicitado acuerdo en el periódico oficial, pues ya ejerció el derecho de veto, que solo puede aplicarse la primera vez.

En la opinión del consejero jurídico del gobierno estatal, esta situación no interfiere con la posibilidad de que salga del cargo la actual presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado Carmen Cuevas López, al referir que hay varios antecedentes incluso en Morelos: “Prevalece ahorita lo que tenía, pero si persistiera la resolución en el mismo sentido del Congreso del Estado, podría aplicarse, tendría que salir en ese momento, hay antecedentes como en los casos de los magistrados Ricardo Rosas Pérez, Virginia Popoca González, Ezequiel Honorato, cuando tenían inamovilidad hasta los  65 años, y sin embargo en su momento la Corte dijo o, hasta aquí y hasta ahí llegaron. En aquél entonces se habló de 14 años, el magistrado Ricardo Rosas ya hasta había cumplido 14 años y son situaciones que podrían ocurrir”.

Sotelo Salgado expuso que han observado varias irregularidades en la pasada legislatura en cuanto a proceso, que, por vencimiento de plazos, ya no se pudieron echar abajo cuando llegó esta administración; entre ellas, precisamente la reforma que amplió a 20 años la permanencia de los magistrados y el tema de las “pensiones doradas” que se trataron de echar abajo.

Hizo énfasis en que incluso ya hay dos resoluciones de amparo a favor de igual número de personas que obtuvieron esas jubilaciones.

Sobre el tema, añadió que buscarán el camino legal para impugnar.   

 

 

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