Deberán cumplir con 30 horas de arresto en la CES por incumplimiento de un laudo; además, recibieron orden de destitución por otro caso.
Puente de Ixtla.- El presidente municipal de este lugar, Mario Ocampo Ocampo, y los integrantes del Cabildo cumplirán 30 horas de arresto administrativo por incumplimiento a la orden de la Cuarta Sala del expediente 41/2017, correspondiente a Leticia Alcántara. Además, recibieron la orden de destitución por un laudo de Roberto Pineda Esteban.
De acuerdo con información de fuentes consultadas por La Unión de Morelos, fue alrededor de las 19:00 horas de este martes cuando Mario Ocampo Ocampo, Verónica Torres Rebollar, Cristóbal Acevedo Aguirre, Ramiro Macedo Domínguez, Rubén Morales Ozaeta, Israel Alemán Cárdenas y Gilberto Rojas Cárdenas, en su carácter de presidente municipal, síndico y representante legal del ayuntamiento y regidores, respectivamente, fueron trasladados a las instalaciones de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), donde cumplirán las 30 horas de arresto.
En este sentido, se dio a conocer que fue alrededor de las tres de la tarde de ayer cuando notificaron a los integrantes del Cabildo acerca de la situación.
En este sentido, se informó que un caso es de arresto administrativo por 30 horas, pero el otro es la orden de destitución.
Ante dicha situación, informaron que el área jurídica de la comuna se encuentra atendiendo los temas, pero se dará cumplimiento al arresto.
Al respecto, el caso del arresto administrativo es de un expediente de 2017, por un monto de un millón 300 mil pesos, mientras que la destitución por el caso de Roberto Pineda Esteban, es de la primera sala y data de 2015, por un monto de 500 mil pesos.
Cabe mencionar que el pasado 11 de septiembre, los integrantes del Cabildo de este lugar obtuvieron un amparo para evitar ser destituidos por un laudo similar; sin embargo, el alcalde ha reconocido en entrevistas anteriores la difícil situación financiera que enfrenta el Ayuntamiento por el tema de laudos laborales, ya que se tienen aproximadamente 400 expedientes que ascienden a más de 337 millones de pesos por concepto de laudos de extrabajadores y contratos de obra pública por las administraciones anteriores.
