Darío Torres Taboada, quien dijo ser el representante común de los ejidatarios, en este proceso, aseguró que luego de la expropiación de 1942, para la construcción del ingenio –pero además otros inmuebles, como el estadio de fútbol, el jardín, el campo de béisbol-, el 5 de junio de 1989, el entonces presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, decretó el pago de 902 millones, 123 mil 866 pesos como indemnización al núcleo ejidal pero que no se ha cumplido, motivo por el cual, en 1997, interpusieron el amparo 772, para reclamar el pago de indemnización de las tierras expropiadas.
“Como toda la gente sabe, actualmente el gobierno del estado está construyendo un monumental estadio, cuando el gobernador, en sus promesas de campaña, había hablado sólo de una remodelación de nuestro antiguo “Coruco” Díaz. Nunca se había hablado de destruir lo que ya teníamos ahí y hacer una construcción tan enorme. En ningún momento nos consultaron, y el presidente municipal, Abdón Toledo Hernández, cometió el delito de otorgar un permiso en terrenos que no han sido indemnizados”.
Dijo que fue en 1995, cuando él era presidente del comisariado ejidal, que descubrió que le debían al ejido la indemnización, por lo que los 257 ejidatarios interpusieron un amparo en 1997.
“Quiero decirle al señor gobernador que en ningún momento los ejidatarios han recibido ningún centavo por esta expropiación y por lo tanto al ejido le tienen que pagar, puesto que ya están haciendo una obra a gran escala y tenemos muy claro que la ley que nos rige dice que cualquier institución que esté asentada en terrenos ejidales, será respetada mientras le de servicio a la ciudadanía, pero aquí ya le cambiaron el régimen, tanto al estadio de béisbol, como al campo de futbol que era del Agustín Coruco Díaz y hasta del parque Miguel Hidalgo. Aquí el señor gobernador debe pagar la indemnización”.
Dijo que no se oponen a ninguna modificación del estadio, sino simplemente piden que les paguen.
Sostuvo que a pesar del tiempo transcurrido, sus abogados afirmaron que todavía está vigente su demanda.
Mencionó que ya enviaron un oficio al gobernador, a la presidencia de la República, al Congreso federal, al Congreso local y al presidente municipal para que les hagan efectivo el pago, pero aún no reciben respuesta.
Criticó al alcalde porque entregó los permisos de construcción sin tener autoridad para ello y retó al gobernador a hacer efectivo su discurso, de que apoya a los ejidatarios.
“La situación ya no puede llevarse más tiempo, si queremos que todas las cosas estén en paz esto se debe de finiquitar; está el decreto, está todo dentro de la ley y si no, pues tendremos que seguir más adelante y tomar las acciones que creamos convenientes”.
Finalmente, invitó a los ejidatarios a acercarse para que se les informe de esta situación.
