Zona sur poniente.- Morelos figura entre los cinco estados del país con mayor impunidad y desprotección a mujeres periodistas, de acuerdo con los datos de la Asociación Civil Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC).

Lo anterior se dio a conocer en el marco del informe de CIMAC que se presentó en la Ciudad de México, donde se resaltó que existen 16 casos documentados de agresiones a mujeres periodistas en la entidad morelense.

Durante su reciente visita a la región sur, Fabiola González Barrera -responsable de redes periodísticas y libertad de expresión del CIMAC- informó que los índices de violencia en contra de mujeres que ejercen el periodismo se incrementaron en 70% durante 2014 y 2015. "En todos los casos impera la impunidad, lo que abre las puertas a la repetición de violencia".

Agregó que lo anterior es parte de los casos documentados por CIMAC en todo el país, donde se incluye a Morelos, además de estados como Veracruz, Ciudad de México, Guerrero y Oaxaca. Dijo que en la mayoría de los casos quienes violentan el trabajo periodístico son funcionarios.

Mencionó que dichas estadísticas se expusieron en el informe del CIMAC "El poder del cacicazgo", que debe su nombre al reconocimiento de que las periodistas se enfrentan a los feudos del poder político, económico y del crimen, 'hoy evidenciado en el poder masculino y absoluto que se ejerce en cualquier nivel de gobierno, que mina la credibilidad de las periodistas con el objetivo de silenciar su labor".

CIMAC documenta 147 atentados a la libertad de expresión contra mujeres periodistas, en los que los mecanismos de control y amenazas directas, principalmente, limitan el ejercicio periodístico.

Enfatizó que en tres cuartas partes del territorio nacional, los poderes autoritarios amenazan el libre ejercicio de las periodistas, siendo Veracruz, CDMX, Guerrero, Oaxaca y Morelos las más peligrosas para ellas pese a contar con un marco de protección formal para periodistas, que no se cumple.

Sin embargo, dejo en claro que la ausencia de registros en las entidades restantes es síntoma de que aún no existen las condiciones necesarias para denunciar.

En 54.4% de los casos, los agresores de las periodistas fueron servidores públicos, quienes tienen contratadas empresas de seguridad privada, no sólo para su protección, sino también para demostrar que son intocables, convirtiéndose en agresores.

De acuerdo con CIMAC, las periodistas siguen dudando de la efectividad del Mecanismo de Protección para Periodistas, ya que sólo un dos por ciento de las periodistas consideran que los resultados del mecanismo son eficientes.

El resto señala que las instituciones fracasan al responsabilizar a las periodistas de la agresión, al indagar su vida personal en lugar de seguir la línea de investigación sobre la libertad de expresión, al buscar las vulnerabilidades desde su entorno familiar y no desde su trabajo profesional y la condición de desigualdad desde el cual ejercen el periodismo.

González Barrera relató la necesidad de que se reconozca el derecho humano de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, como una condición fundamental para el ejercicio pleno de todos sus derechos, en especial, la libertad de expresión, reconociendo la condición de desigualdad con la que ejercen el periodismo.

Finalmente señaló que CIMAC desarrolló una metodología con perspectiva de género, única en el mundo. Para garantizar el libre ejercicio del periodismo que las mujeres exigen -entre otras cosas- adoptar medidas concretas, adecuadas y eficaces para prevenir, investigar, juzgar y sancionar los ataques y otras formas de abuso perpetrados contra mujeres periodistas, así como adoptar medidas para luchar contra la impunidad.