Tanto la empresa concesionaria del servicio como las autoridades medioambientales tienen responsabilidad en esa reacción social adversa, pues en el periodo de prueba no garantizaron los parámetros prometidos.
Lo que se ha dicho es que esa planta (similar a otras construidas en diferentes rumbos de la entidad) permitirá procesar adecuadamente la basura, recuperar los productos aprovechables, obtener energía de los residuos orgánicos y evitar los malos olores.
Eso significa que desde ahora deben mostrar con hechos lo que se puede conseguir, a fin de demostrarle a los vecinos que sus temores son infundados. No hacerlo debería acarrear una sanción y un arreglo inmediato.
