El Congreso ha negado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos su solicitud de ampliación presupuestal de cinco millones de pesos, por la sencilla razón de que esa solicitud debió turnarse primero al Poder Ejecutivo.
Más allá de ese error, el citado organismo difícilmente puede probar que ha hecho algo sustantivo en beneficio de la entidad.
No ha logrado la suficiente calidad moral como para compensar la falta de recursos punitivos qué aplicar en favor de quienes reclaman (ilusamente) la protección de la CDHEM.
Se trata de otro ente originalmente ciudadanizado que los partidos políticos convirtieron en un premio para sus militantes, al igual que el IMIPE, por ejemplo.
