La normatividad que rige el transporte público está plagada de zonas oscuras que lo mismo buscan proteger desde siempre la alta rentabilidad de un gremio oligopólico que vive del usuario cautivo que se enfoca a proteger el proyecto impulsado hasta hace unos días por el ex secretario Jorge Messseguer.
Sin embargo, los parches que se le añadieron a la ley han creado una situación que impide a los transportistas obtener su respectivo título de concesión, lo que los deja fuera del financiamiento que podrían obtener a partir de ese documento que garantiza la permanencia de su actividad.
Una vez más estamos ante un círculo vicioso que entrega pretextos para que los vehículos del servicio público no se renueven.
Sería sano que desde el Congreso local se hagan los procedimientos necesarios para construir un adecuado marco jurídico, que se respete y que mejore las condiciones de un servicio que hoy es tercermundista y caro.
