Los taxistas, como el resto del transporte público, se han acostumbrado a imponer su voluntad a las autoridades del ramo, debido a que éstas hace tiempo renunciaron a ejercer sus facultades normativas.
Ese vacío ha sido ampliamente llenado por los líderes de taxistas y ruteros, que ahora pueden decidir qué parte de las órdenes oficiales acatan y qué no.
Eso ha quedado de manifiesto nuevamente ante la intención de diferenciar a los taxis por municipio de origen, como se hacía anteriormente.
La medida puede ser necesaria, sobre todo para sancionar los abusos de los malos conductores, que hoy se ocultan con facilidad en la uniformidad de los colores distintivos de sus vehículos.
Como sea, se requiere no de mano dura, sino de simplemente comenzar a aplicar la ley para que los concesionarios del transporte se vean forzados a acatar lo que dice la ley y no como ahora, que actúan a capricho y siempre en detrimento de los usuarios, que no por casualidad constituyen la inmensa mayoría de la población.
