Es triste reconocer que el nuevo edificio del Congreso local será sometido a trabajos de rehabilitación por las fallas estructurales que presenta cuando ni siquiera ha podido ser usado en su totalidad y con menos de un año de haber sido puesto parcialmente en servicio.
La edificación estuvo envuelta en la polémica desde el principio, no solo por la unilateralidad con la que se decidió la obra, sino con el sobreprecio pagado por el terreno, las extrañas cifras del presupuesto asignado, que nunca correspondieron a la realidad y las deudas que dejó la pasada administración.
La que fuera secretaria de Obras Públicas hace bien en estar temerosa de que la detengan.
Su frustrado intento de ampararse tiene una enorme justificación en las cada vez más numerosas anomalías financieras detectadas a lo largo y ancho del estado en las obras públicas supuestamente ejecutadas en el graquismo.
La sede del Congreso es una de ellas, quizá de las más emblemáticas.
