A pesar de los sustos en los que varios cabildos han vivido, en los primeros seis meses del año las alcaldías morelenses han logrado operar aún con las limitaciones presupuestales derivadas del saqueo al que fueron sometidas las arcas públicas.
El órgano fiscalizador del Congreso –hasta hace poco a cargo del renunciante Vicente Loredo Méndez- no fue capaz de vigilar en los últimos años el gasto público de los alcaldes y hoy ciudadanos de toda la entidad pagan las consecuencias a través de la disminución o cancelación de servicios y obras fundamentales.
Las administraciones municipales no pierden la costumbre de recurrir en primera instancia al método de financiamiento tradicional de solicitar una ampliación o un adelanto de participaciones, sin entender que esa medida no es prudente ya que en muy corto plazo ese dinero debe devolverse.
Tampoco se ha notado la austeridad que el momento requiere, pues las alcaldías están llenas de direcciones injustificadas y elevadas percepciones par quienes integran los cabildos.
Así, difícilmente podrá sanearse la economía de unos entes que por ningún motivo deben paralizarse en sus funciones.
