La exoneración de Alejandro “N” -ex director del DIf en el sexenio anterior señalado por presunto enriquecimiento ilícito- debe ser estudiada con cuidado.
Se ha hecho público que fue acusado por tener a su nombre inmuebles cuyo valor rebasa con mucho sus ingresos y, de los pocos datos disponibles, la juez del caso supuestamente interpretó de otra forma, a decir del asesor anticorrupción Gerardo Becerra, quien afirma que “ella dice que es un asunto de faltas administrativas que nada tiene que ver con un posible delito”.
La apelación debería ser acompañada de más información para el ciudadano, el agraviado con los delitos que pudieron haberse cometido.
Ya se ha visto que se requiere de un enorme y profesional trabajo para llevar a la justicia a exfuncionarios del gobierno anterior que se enriquecieron ostensiblemente a costa del erario.
Para tranquilidad de la sociedad, la acusación –el argumento empleado- debería explicarse abiertamente.
