Los partidos políticos funcionan con dinero público, por lo que su vida interna debería transparentarse más, pero sobre todo reorientarse a fin de que sus  conflictos no terminen por repercutir en las instituciones.

Las pugnas internas en esas organizaciones se han reflejado últimamente en la vida pública, lo que hace que los ciudadanos terminen por pagar costos adicionales a la de por sí onerosa factura que representa cada partido.

Por eso, todos aquellos que se encuentra en procesos internos para renovar sus dirigencias, ya sean nacionales o locales, deben recordar sus obligaciones sociales.

Demasiado tienen los electores con que el voto emitido el año pasado se haya desvirtuado a la hora de su conversión en cargos públicos decisivos, como para tener que soportar la alteración de las instituciones si hay una rencilla que por una u otra razón no se dirime correctamente y trasciende el ámbito del que nunca debe salir.

Y lo mismo aplica para partidos dominantes, como Morena, o en franca decadencia como el PRI.