Nuevamente, los beneficiarios de un programa federal volvieron a bloquear calles y carreteras como parte de un conflicto político en el que no se demuestra que los derechos de los manifestantes hayan sido violados, porque aún son parte del programa.

Su protesta volvió a provocar caos y una gran afectación para el transporte de todo tipo.

Esas situaciones deberían ser –como ya se dijo aquí- suficiente argumento para sancionarlos, quizá de forma drástica, porque ellos reciben dinero público, en cuyo nombre  han afectado a la sociedad.

Pero mientras ese conflicto ponía de cabeza a la ciudad de Cuernavaca, otro no menos grave planeaba sobre toda la sociedad morelense: la falta de representación en el Poder Judicial.

El decreto que anula la extensión del plazo de permanencia de los magistrados hizo que la presidenta quedara fuera de la magistratura, pero la división entre sus homólogos impidió hasta el cierre de esta edición el nombramiento de un sucesor.

No es un asunto menor, porque hablamos del Poder Judicial en su conjunto.

Esperemos que solo sea cuestión de horas para que la institucionalidad se restablezca.