Concluyó la semana sin que se resolvieran los conflictos que tienen paralizados a los Poderes Legislativo y Judicial de Morelos.
En el primer caso, esa situación se prolonga ya por varios meses y ha afectado diversas áreas de la sociedad morelense, aunque ahora también comienza a hacer en los propios diputados, que han incurrido en desacato ante la justicia federal, algo que puede traer consecuencias personales y no solo a la institución que representan.
En el caso del Poder Judicial, la indefinición sobre quién debe representarlo pero -sobre todo- la inoperancia de su órgano de control –por falta de consenso entre sus miembros- hace adivinar que una vez que la justicia federal se pronuncie habrá una verdadera sacudida en su organigrama y en su operación diaria, ya sea porque se renueve la representación o porque esta se ratifique. En cualquiera de esos escenarios es de esperar actos –injustificados- de venganza que terminarán por afectar a los justiciables.
Precisamente en los dos casos citados los ciudadanos estamos al margen de esos conflictos cuando deberíamos ser el centro de los mismos, pues ambos Poderes emana del pueblo, al que en teoría deberían de servir.
