Por enésima vez, los ciudadanos volvieron a sufrir las consecuencias de una protesta por la defensa de intereses de un pequeño grupo, en este caso, de los comerciantes que acostumbran colocarse a las afueras del hospital general del IMSS en la avenida Plan de Ayala.
Esos comercios hacen dificultoso el paso de enfermos y ancianos hacia el nosocomio, pues su operación bloquea la no muy ancha banqueta.
Sin embargo, ayer que fueron desalojados reclaman un derecho de propiedad que no tienen y lo hacen con métodos radicales que dañaron a los ciudadanos que nada tienen que ver con su problema.
Los que cerraron la avenida Plan de Ayala en el horario de mayor afluencia de tráfico vehicular no llegan a veinte personas.
Sin embargo, dañaron la vida de decenas de miles de conductores y usuarios del transporte colectivo, que ya no pudieron llegar a tiempo a sus destinos.
Los manifestantes alegaron que deben llevar el sustento a sus hogares, pero ayer privaron de ese derecho a una enorme cantidad de personas totalmente ajenas al conflicto.
Esa actitud debe ser considerada, a fin de que se les trate con el mismo rigor que ellos trataron a la ciudadanía, no como ajuste de cuentas sino como aleccionador ejemplo.
