Finalmente, el enfrentamiento entre Poderes que se vive en Morelos finalmente será resuelto –como ya se había anticipado- por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinará la legalidad del decreto que limita a catorce años la estancia en el cargo de los magistrados locales.
Por lo pronto, el Poder Judicial federal ha determinado dejar las cosas como están, lo que significa que la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia seguirá en el cargo, al igual que todos sus homólogos, nombrados originalmente por un máximo de catorce años, periodo que la legislatura anterior extendió a veinte años.
La calma que la controversia constitucional genera debe servir para que el Poder Judicial morelense se reconstituya y reordene en base a la legalidad, luego de los diversos cuestionamientos que se han hecho desde su interior.
Todo aquello que haya sido señalado como un exceso debe corregirse y las situaciones entrampadas por el enfrentamiento entre los juzgadores de segunda instancia podrían destrabarse, para ofrecer a los justiciables la imagen de orden y operatividad que merecen
