Han resultado una farsa los encausamientos de diferentes funcionarios públicos de la administración anterior o ligados al exgobernador Graco Ramírez a los que supuestamente se les intentó hacer pagar por las responsabilidades en que incurrieron durante el desempeño de sus cargos.

Sin embargo, llama la atención que aún aquellos que fueron sometidos a proceso han sido eximidos gracias a las amplísimas interpretaciones que han hecho los  tribunales de segunda instancia, como acaba de ocurrir con el exdirector del sistema DIF acusado de enriquecimiento ilícito.

La lógica dice que la Fiscalía Anticorrupción deberá combatir las resoluciones. Es probable que la justicia federal intervenga –si se le da la continuidad necesaria a los procesos-  y exhiba a los impartidores de justicia de Morelos.

Por lo pronto, la duda sobre la efectividad del combate a la corrupción prevalece, pero  -lo más desafortunado- también sobre la actuación de los magistrados morelenses, sobre todo porque quienes han apoyado determinaciones polémicas siempre han tenido a uno de sus colegas como contraparte que en sus planteamientos exhibe las debilidades de la argumentación que ha dejado libres de cargos a los acusados.