Mientras crece la posibilidad de que los trabajadores dela educación jubilados realicen más protestas en Morelos, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia pone en alerta a un sector de las instituciones al cuestionar el método que permitió la entrega de recursos para las pensiones de quienes laboraron en el Poder Judicial. Las dos acciones relatadas tienen la misma capacidad desestabilizadora, aunque en la primera potencialmente participen trece mil personas y en la segunda apenas una persona.
La entidad arrastra el grave peso de la herencia maldita dejada por Graco Ramírez y sus secuaces. El saqueo de los recursos públicos fue brutal y dejó sin dinero los fondos dedicados lo mismo a obra pública que a servicios o al pago de prestaciones, por lo que los damnificados son demasiados y no hay recursos suficientes para solucionar tanto problema.
De allí solo hay un paso para que la incomprensión de quienes resultaron afectados termine por generar actos de desquite contra la sociedad en general mientras los culpables de la adversidad siguen impunes.
Morelos requiere destrabar tanto conflicto heredado y poner orden, pero las autoridades no lo podrán hacer si la contraparte mantiene posiciones agresivas, que más bien parecen buscar el beneficio de el exgobernador.
