El pretexto ha sido siempre el mismo, la falta de recursos, que sin embargo no se escatiman para pagar a los integrantes de los cabildos percepciones muy por encima del salario promedio.

Aunque carezcan de todo mérito académico y profesional, los regidores y síndicos gozan además de los altos salarios de otros privilegios, que al final afectan gravemente las finanzas municipales.

La determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la obligatoriedad de conceder seguridad social a su personal llega en el peor momento, debido a la crisis económica recurrente, pero eso no le quita la obligatoriedad a la medida.

Quizá ya sea tiempo de reflexionar y poner en la ley un tabulador de ingresos para los funcionarios electos que sea acorde con las percepciones promedio de cada municipio, a fin de dejar atrás la desproporción de ahora.

Así se gastará mejor y no se incurrirá en erogaciones innecesarias pero que los propios beneficiados han hecho creer que son normales.