El mal uso de los recursos públicos debería ser castigado con mayor rigor, sobre todo cuando ocurre en organismos que tienen como misión garantizar que el dinero del erario se utilice adecuadamente.
El caso de los doce “aviadores” detectados hace tiempo en la estructura de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización es grave, porque precisamente diversas legisladoras utilizaron los escasos recursos públicos para brindar un salario a sus amigos o familiares.
Lo complicado de los procedimientos para sancionar conductas inadecuadas de los funcionarios públicos impide hacer justicia, lo mismo que la integración incompleta del llamado sistema estatal anticorrupción, que solo persigue desde sus limitaciones solo a peces chicos mientras deja que los amos de la corrupción –Graco Ramírez y su entorno más cercano- se ríen de las penurias que padecemos por la falta de todo el dinero que ellos robaron.
