Independientemente de que en ambos casos los trabajadores son los que sufren las consecuencias, la entidad enfrenta dos conflictos nacidos de la alteración de los sistemas con que opera el gobierno federal. Nos referimos al paro de labores en las escuelas donde laboran los llamados trabajadores homologados y ahora a la suspensión anunciada en la secretaría de Salud.
En ambos casos se requiere de recursos que la Federación debería haber asumido pero que o bien tienen un retraso –como en el segundo de los casos citados- o dictó las disposiciones que fueron aprovechadas para generar las protestas.
Por lo que se refiere a los profesores homologados, estos y su sindicato se amparan en un decreto federal que les garantiza el pago de al menos 40 días sin ningún tipo de deducción, o cual obtuvieron, pero que les sirve de argumento para exigir las mismas condiciones en los cincuenta días de esa prestación que corren a cargo del gobierno estatal.
En el caso de los trabajadores de la salud, los ajustes en el sector para pasar a un programa más amplio de cobertura sanitaria retrasaron por razones burocráticas o políticas la llegada del dinero.
Los ciudadanos que requieren de los servicios que se presta en centros de salud y hospitales generales pagarán las consecuencias de algo que lees es ajeno.
Habrá que analizar a fondo el panorama para tratar de entender que se esconde tras las protestas simultáneas.
