Casi todos los temas de la vida política y social de Morelos han sido judicializados. A pesar de la importancia que revisten para el día a día de la entidad, las resoluciones deben esperar a los tiempos procesales, que no son cortos.

Uno de esos asuntos no es menor, porque tiene que ver con la integración del Poder Judicial de Morelos, que pude modificarse y romper el empate que ha empantanado las decisiones de los magistrados y afectado a los justiciables.

Nos referimos a la ley especial mandada a hacer por el exgobernador Graco Ramírez para extender la extensión de su mandato a cambio de someter a juicio político al entonces alcalde de Cuernavaca y actual gobernador.

Aunque los juzgadores que eran parte del complot no lograron cumplir la encomienda, recibieron el beneficio del trato, que fue cuestionado ante la Corte y que está -quizá- a días de ser dictaminado.

Esperemos que la justicia federal ponga todo en su lugar y se recompongan las cosas entre los juzgadores morelenses, para dejar atrás ese desagradable capítulo de abusos.