La negligencia de quienes integraron la legislatura anterior hizo que las actuales administraciones municipales carecieran de leyes de ingresos en sus tres años de actividad y que usaran las de 2017, lo que causó un impacto significativo en sus finanzas, adicional al provocado por los recortes presupuestales aplicados por el gobierno federal y por los efectos de la pandemia en la recaudación.
Al final fue un efecto que podrías llamare benéfico a favor del bolsillo de los ciudadanos, pero que a su vez afectó la calidad de los servicios públicos.
La actual legislatura tiene la oportunidad de corregir esa situación de manera drástica, lo que implica una actualización de los impuestos y derechos que los ayuntamientos perciben.
Eso requiere la búsqueda de un equilibrio, quizá para que el ajuste de lo perdido no se realice de manera drástica sino gradual, a fin de que la economía en general no se desaliente, pero tampoco las administraciones municipales sigan constreñidas.
