Es alarmante saber que solo en un municipio alrededor de 500 mujeres han recibido protección policiaca para hacer frente a las agresiones que viven, principalmente en el hogar.
Por cada denuncia hay un número indefinido pero seguramente importante de víctimas carentes de cualquier resguardo.
Las leyes son claras pero los mecanismos para hacerlas cumplir son tortuosos y las condiciones particulares de cada víctima complican más las cosas en un problema que no se resolverá sin la intervención decidida de toda la sociedad.
Ningún mecanismo de protección funcionará mientras el número de afectadas crezca sin parar. Lo que se requiere es hacer sentir a los agresores la fuerza de la sociedad, a través del apoyo comunitario y fraterno a favor de quienes viven episodios de violencia que no deberían sufrir.
Esa clase de cifras nos debería avergonzar.
