Una vez más la diputada Paola Cruz Torres ha cuestionado (inútilmente) el procedimiento por el cual un grupo de 11 diputados modificó las comisiones legislativas que ahora son inoperantes y que han provocado la parálisis del Congreso local.
Aunque no hace énfasis en ello, el escenario también incluye la titularidad de la Junta Política y de Gobierno -que ella preside y que también le fue arrebatada mediante un método que no se ajustó a lo que marca la normatividad-, una maniobra que en realidad es la verdadera causa de que todo el proceso legislativo trascendente se haya detenido.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso se ha jactado de encabezar todos los movimientos que rompieron la unidad de los diputados. Desde su posición incompleta de fuerza (lejos de los 14 diputados que se requieren para las grandes reformas o las grandes decisiones) ha intentado apoderarse infructuosamente de nuevas posiciones, lo que ha dejado más agravios en el espinoso camino que eligió el llamado G-11, del cual no desiste, como lo muestra el intento de nombrar un nuevo titular a modo que fiscalice desde dentro a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización.
Tarde o temprano la Suprema Corte de Justicia de la Nación clarificará lo que pasa en el Congreso de Morelos y dirá cuál grupo tiene la razón, pero mientras tanto cualquier exceso en que se incurra, si bien favorecerá determinados intereses, terminará por afectar a todo Morelos, como ocurrió con las decisiones asumidas por las dos anteriores legislaturas, que han sido sabiamente calificadas por la ciudadanía.
