El procedimiento político iniciado por la fiscalía anticorrupción en el Congreso contra los tres magistrados que emitieron una sentencia desfavorable a esa dependencia de la Fiscalía General de Justicia tristemente ha puesto de nuevo a la entidad ante la mirada del país, pues ha hecho que todos los tribunales de México se unan en una declaración de condena a un acto que atenta contra la libertad decisoria de quienes cumplen la tarea de juzgar.
La organización que agrupa a los tribunales señala las inconsistencias del procedimiento y las consecuencias que puede tener, ya que contraviene incluso la separación de poderes.
La resolución de la solicitud de juicio político ha quedado en manos del Congreso, cuyo errático comportamiento no permite conocer la determinación que se tomará, aunque habría que ver si las manifestaciones de solidaridad tan contundentes son tomadas en cuenta a la hora de decidir.
